- El fiscal catalogó como “irresponsables, crueles y satánicos” a quienes apoyan los procesos de las personas trans. En 2022 aseguró estar en contra del matrimonio civil igualitario. De los 215 victimarios implicados en los 154 casos de discriminación documentados por el OVV LGBTIQ+ en el primer semestre de 2023, al menos 41 fueron perpetrados por funcionarios del Estado
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) alerta que algunos funcionarios del Estado continúan rechazando la existencia de la población LGBTIQ+ en el país a través de declaraciones discriminatorias. El 17 de diciembre el fiscal general Tarek William Saab emitió una serie de comentarios que dejan ver su rechazo hacia las personas trans y no binarias y sus vivencias.
“Ellos, ellas, elles, no estoy de acuerdo”, dijo Saab durante su participación en Podcast Globovisión, en el que también catalogó a quienes apoyan los procesos de estas personas como “irresponsables, crueles y satánicos”. En su intervención emitió opiniones que no tienen basamento científico ni se apegan a los derechos humanos.
De acuerdo con los organismos internacionales, comunidad médica y otros documentos relacionados a los derechos humanos, el ser trans no es una enfermedad ni una etapa y no puede ser comparada con otros padecimientos mentales o psicológicos, por lo tanto, las alegaciones realizadas por el fiscal colaboran a difundir desinformación sobre estas personas, así como también alimenta prejuicios y estigmas sobre las personas LGBTIQ+ en el país.
No es la primera vez que el fiscal general emite cometarios discriminatorios hacia las personas trans o de la población LGBTIQ+. Así lo ha dejado ver en algunos comentarios realizados en su cuenta en X (Twitter) en los que hace referencia a la “ideología de género” y vincula al colectivo con la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. En 2022, durante una entrevista, reafirmó su rechazo al matrimonio igualitario: “La Constitución que yo firmé y aprobamos establece el matrimonio entre un hombre y una mujer”, señaló.
La omisión, la transfobia y la homofobia es una política de Estado
Las declaraciones no concuerdan con las postura de funcionarios del Estado venezolano durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por los estados partes en Ginebra (Suiza) en julio de 2023 ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Respecto a la discriminación a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e Intersex (LGBTI) el Estado venezolano ha fortalecido medidas para prevenir y sancionar toda discriminación, de conformidad con la Constitución, incluída las relativas a la orientación sexual. En noviembre de 2020 la Defensoría del Pueblo creó la Defensoría Especial con competencia nacional para la protección de las personas de la sexodiversidad”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil Pinto, durante la sesión ante el Comité en referencia a los “logros” en la materia LGBTIQ+ del Estado.
Las declaraciones del fiscal y el ministro no se ven reflejadas en acciones en favor de la población LGBTIQ+. Actualmente Venezuela es el último país en la región sin leyes o políticas públicas diferenciadas para la población LGBTIQ+. Las iniciativas gubernamentales no han sido suficientes para atender a dicha población, a pesar de que existe una fiscalía y una defensoría para esos asuntos.
Aunque se despenalizó la homosexualidad en las Fuerzas Armadas, a la fecha no se ha aprobado la Ley Orgánica contra todo tipo de Discriminación y tampoco se ha hecho efectivo el derecho al cambio de nombre de personas trans, intersex, queer y no binarias establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
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Los discursos discriminatorios generan hechos de violencia hacia personas LGBTIQ+
Los discursos discriminatorios pueden generar mayor violencia y discriminación hacia las personas LGBTIQ+. En el informe Voces contra el prejuicio (enero – junio de 2023), el OVV LGBTIQ+ documentó 154 casos de discriminación, de los cuales 65 fueron discrusos discriminatorios. De los 215 victimarios implicados, al menos 41 fueron funcionarios del Estado y otros 40 fueron personas con influencia o en situación de poder.
En el caso de las personas trans, el observatorio documentó desde 2008 hasta 2023 al menos 93 mujeres trans asesinadas de manera violenta. En los últimos meses se documentaron dos transfeminicidios, uno en Caracas y otro en Aragua. La violencia y la falta de atención por parte del Estado a estos grupos vulnerables los deja expuestos a los distintos tipos de violencia y pone en peligro sus vidas.
Desde el OVV LGBTIQ+ se aboga por que el Estado actúe de manera efectiva para que todas las personas LGBTIQ+ accedan a sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad, así como también que se creen leyes diferenciadas para atender sus necesidades y realidades. Se apuesta por que el Estado implemente las medidas necesarias para prevenir, atender y erradicar la violencia, discriminación y crímenes de odio basados en prejuicios por orientación sexual, identidad o expresión de género.
Se exhorta a los funcionarios del Estado a evitar realizar comentarios que puedan atentar contra grupos vulnerables internacionalmente reconocidos. Así como también cumplir con su rol de promover el respeto a todos los ciudadanos, sin discriminación y en condiciones de igualdad, para promover una vida libre de violencia para la población LGBTIQ+.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y servicios de atención psicolegal para atender cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
