- El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ alerta que, de aprobarse la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, se invisibilizarían aún más las exigencias y se limitarían espacios de documentación, denuncia, atención legal, de salud y psicológica hacia la población LGBTIQ+. Significaría la continuación de la política LGBTIQfóbica de Estado
La población LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta una nueva barrera en el reconocimiento pleno de sus derechos. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en enero de 2023, y desde el 12 de enero de 2024 se encuentra en fase de consulta pública. La ley busca limitar el espacio público y criminalizar a las organizaciones civiles, según denunciaron un grupo de más de 235 ONG en un comunicado.
“La aprobación de esta ley tendría un impacto diferenciado en la población LGBTIQ+ precisamente por el contexto al que nos enfrentamos. En la discusión de esta ley, contrario a cualquier estándar de derechos humanos, están participando líderes religiosos de las iglesias neopentecostales y extremistas, que están en contra de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas LGBTIQ+. Esto invisibilizaría aún más a la población LGBTIQ+ ante la ciudadanía y significaría la continuación de una política de homofobia y transfobia de Estado”, señaló Yendri Velásquez, activista y coordinador general del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+).
La Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Misión Independiente de Determinación de los Hechos y de la sociedad civil nacional e internacional alertaron sobre las consecuencias de aprobarse la ley debido a que viola el derecho a la libre asociación y otros derechos humanos e invitaron al Estado a limitarse de tomar medidas y normas que atenten contra los derechos fundamentales.
“Entendiendo que el ecosistema de organizaciones sociales en Venezuela es limitado, precisamente por las restricciones que existen por parte del Estado respecto a las garantías del derecho a la asociación y reunión o libertad de expresión, esta ley viene a limitar aún más este escenario y las posibilidades de defensa y exigencia de derechos humanos, pero también de acompañamiento y prestación de servicios para la población LGBTIQ+”, continuó Velásquez.
Población LGBTIQ+ y otros grupos sociales en peligro
Según la organización Acceso a la Justicia, la ley contra las organizaciones civiles afectaría a las organizaciones sin fines de lucro nacionales o extranjeras que trabajen en el país, independientemente de su forma jurídica, como las organizaciones civiles, fundaciones, corporaciones de fundaciones o asociaciones, entre otras. Es decir, afectaría a organizaciones defensoras de derechos humanos, humanitarias, caritativas y de asistencia, sociales, culturales o educativas; incluyendo las organizaciones que atienden y alzan la voz en nombre de la población LGBTIQ+.
“El ataque a las organizaciones y lo que representa esta ley, la limitación de uno de los derechos fundamentales en democracia, el derecho a la participación. Es negarle a cualquier ciudadano LGBTIQ+ la posibilidad de organizarse a exigir sus derechos, pero también negarle el derecho a participar en otros expacios de prestación de servicios o acompañamiento en casos de discriminación y violencia”, subrayó Velásquez.
Según deja ver el portal web de la Asamblea Nacional y las reseñas del último borrador de la ley, de aprobarse, eliminaría las organizaciones que no se registren bajo el nuevo esquema de regulación y existirían consecuencias para quienes incumplan con la norma, cuestión contraria a los derechos humanos. Además, los diputados que promovieron el proyecto de ley han señalado públicamente que buscan criminalizar a las organizaciones que reciben financiamiento de países como Estados Unidos y algunos de Europa e indicaron durante la aprobación en primera discusión que tienen una lista de 62 organizaciones que presuntamente no cumplen con fines sociales.
“Ante una ley que busca la organización, espacios de encuentro, posibilidades de seguir actuando en red, la respuesta tiene que ser esa, participar aún más y ser más visibles. Esta no es solo una ley en contra de las organizaciones, también limita el ejercicio de la solidaridad y la empatía. El llamado a la ciudadanía, a la población LGBTIQ+ y cualquier otro grupo social es a seguir participando. La solidaridad debe estar presente en cualquier espacio, hay que seguir aprovechando las oportunidades existentes para organizarnos alrededor de nuestros derechos y nuestra dignidad como persona y que esto sea visible ante los demás”, dijo el coordinador general del OVV LGBTIQ+.
Visibilizar el impacto y alzar la voz ante los peligros de la ley
Para el activista por los derechos humanos Yendri Velásquez es importante comunicar el impacto y los peligros de esta ley debido a que limitaría toda la ayuda humanitaria que se está prestando en Venezuela. Agrega que de aprobarse se dejaría a millones de personas sin servicios fundamentales que solo están prestando estas organizaciones, humanitarias o asistenciales, precisamente porque, a su juicio: “el Estado se ha encargado de destruir sus propias capacidades para garantizar el acceso a esos bienes que deberían estar garantizando ellos”.
Tomando en cuenta que la ley no es un instrumento de regulación, persigue propósitos inconstitucionales y contrarios a los derechos humanos, que no está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, y no promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación, las organizaciones de la sociedad civil venezolana invitan a la AN a detener el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
“De aprobarse, las organizaciones de la sociedad civil pasarían a ser ilegales. Las organizaciones de derechos humanos que sí ejercemos acciones políticas, que no se refiere a la incidencia partidista, sino a la incidencia pública alrededor de nuestros derechos. Eso es una de las cosas que se han insistido en esta ley, en hablar de la participación política como si no fuese un derecho humano, sino como algo negativo. La participación política es un ejercicio libre de la ciudadanía. Exigir derechos humanos, reclamar que el Estado cumpla con su deber de garantizarlos es una forma de participar políticamente”, concluyó Velásquez.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y servicios de atención psicolegal para atender cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
