- El CEDAW recomienda que se debe atender con urgencia la trata de mujeres y niñas, la salud sexual y reproductiva y se deben crear protocolos y políticas que permitan aplicar efectivamente las leyes en materia de género. 30 organizaciones de la sociedad civil también presentaron sus conclusiones, que dieron fe de la prolongada situación de vulnerabilidad que viven las mujeres en el país. El OVV LGBTIQ+ conversó con tres activistas al respecto
“Las mujeres atravesamos muchas violencias machistas, sobre todo en el contexto de emergencia humanitaria compleja. Desde el acceso al agua, que nos afecta por no poder gestionar de forma digna nuestra salud menstrual, hasta la violencia Estatal, que limita el acceso adecuado a los órganos judiciales, lo que impide que se nos garantice la justicia en los casos de violencia hacia las mujeres. Femicidios, acosos en las calles, abuso y violencia sexual son algunas de las tantas violencias que atravesamos las mujeres”, sentencia Melanie Agrinzones, activista feminista y por los derechos sexuales y reproductivos de la organización Uquira.
Agrinzones comentó al Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) que las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersex y queer enfrentan otra serie de barreras adicionales que dificultan aún más que vivan en condiciones de igualdad y dignidad. En el país no se reconoce el matrimonio igualitario, la identidad de género de las personas trans y no binaries. A su juicio, esa falta de reconocimiento afecta de forma significativa el desarrollo y goce de otros derechos como la educación, el acceso a la salud, al trabajo o a la vivienda.
Esa situación de vulnerabilidad fue reconocida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés) en su informe reciente. Allí muestra su preocupación y ofrece una serie de recomendaciones frente al contexto de violencia que enfrentan las mujeres venezolanas. La instancia reconoció que el Estado sigue teniendo dificultades para cumplir con los estándares internacionales y para erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer. El documento indica que continúa la inacción del Estado para reconocer, proteger y garantizar los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, intersex o queer.
“El Comité recomienda que el Estado parte prevenga y proteja a las mujeres LBTI de la violencia de género y adopte medidas como la sensibilización de la sociedad para hacer frente a la estigmatización. También recomienda al Estado parte que respete los derechos de las mujeres transgénero a la autonomía, la libre determinación y el reconocimiento legal de su identidad de género a través de un procedimiento expedito, transparente y accesible”, exhorta el CEDAW. El informe señala que las mujeres LBTIQ+ continúan enfrentando altos niveles de violencia de género, formas interseccionales de discriminación y estigmatización por parte del Estado y la sociedad.
Las recomendaciones ocurrieron durante el 85° periodo de sesiones que se realizaron en la sede regional de la ONU en Ginebra, Suiza. Allí el CEDAW consultó al Estado venezolano si las fiscalías especializadas en materia de trata de mujeres y niñas, atendían también a mujeres trans. Este respondió que sí. Estefanía Mendoza, de la organización Mulier, indica que esa afirmación no es verdadera y que hubo otras incongruencias por parte del Estado mientras rendía cuentas en la materia de género. “Cuando existe alguna situación de trata de personas, ellas van a ser identificadas según su nombre legal, que no corresponde con su expresión de género actual, ya que no se reconoce legalmente a las personas trans”, explica.
Las exigencias de las mujeres venezolanas se escucharon en el CEDAW
Luego de nueve años, el Estado Venezolano presentó su informe en la materia ante el Comité. Esta instancia está conformada por 23 expertos independientes en derechos de la mujer de todo el mundo y busca “cambios reales” en la vida de las mujeres en el mundo. Además, 30 organizaciones venezolanas también compartieron sus conclusiones sobre la situación venezolana ante el CEDAW, que exponen la realidad que viven las mujeres en el país.
Nohelia Urbina, activista feminista de Uquira, señala que las recomendaciones del CEDAW brindan las herramientas para que las mujeres exijan al Estado sus derechos humanos. Señala que el Comité es vinculante desde el momento en que un Estado la ratifica los compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales, por lo que está obligado a garantizar la igualdad de género y la erradicación de cualquier tipo de discriminación basada en el género.
“Dichas recomendaciones dejan expuesta la verdadera situación de Venezuela y demuestran que el país no se ha arreglado, generando una falta de credibilidad internacional hacia el Estado venezolano. El registro de las constantes violaciones de derechos humanos en el país sigue siendo necesaria para visibilizar y exigir justicia para las víctimas”, indica Urbina, quien añade que a la fecha ningún tipo de política pública en el área ha sido efectiva.
El Comité insta al Estado a que reconozca a la mujer como “motor del desarrollo” sostenible de Venezuela, que adopte las políticas y estrategias pertinentes para erradicar cualquier forma de violencia hacia ellas. A pesar de las recomendaciones y preocupaciones de las distintas organizaciones, reconoce los avances legislativos logrados desde el octavo informe, presentado en 2014: la creación de la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Ley para la promoción y Uso del Lenguaje con Perspectiva de Género.
“Existe una implementación limitada de leyes y políticas para abordar de formas interseccionales de discriminación contra las mujeres, en particular las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres LBTIQ+, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y las mujeres rurales”, destaca el informe.
En el ámbito LGBTIQ+, reconoce también que se reformó el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar para despenalizar las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y aplaude que se esté creando la Ley Contra Toda Forma de Discriminación, no obstante, solicitó celeridad para promulgar esta última. En el informe deja constancia que Venezuela continúa registrando altas cifras de femicidios y feminicidios en medio de un contexto catalogado por defensores de derechos humanos como “violento” y “desigual”.
“También hemos monitoreado la trata de mujeres y niñas, que es una de las formas más terribles de violencia de género porque cosifica a la mujer, la hace entender como un bien susceptible de apropiación, una cosa que se puede comerciar, y que tiene como víctimas a poblaciones vulnerables como pueden ser las mujeres migrantes, las personas trans, las niñas y adolescentes. La violencia no sucede en vano, sucede en un contexto donde hay unos mensajes que se le envían a la sociedad. Esos mensajes están relacionados a la impunidad, a que no hay consecuencias negativas para los agresores, a que es muy difícil tener una respuesta por parte del sistema de justicia, y uno de estos casos históricos que reflejan eso es el de Linda Loaiza”, añade Mendoza.
¿Cómo poner en práctica el autocuidado en el proceso de denuncia ante entes judiciales?
El CEDAW exhorta al Estado venezolano a atender la violencia basada en género
La situación de violencia y criminalidad se ve reflejada en los altos registros de asesinatos de mujeres en el país. Al igual que otros ámbitos, el Estado continúa sin ofrecer cifras claras y diferenciadas sobre femicidios, feminicidios y casos de violencia hacia la mujer en Venezuela. No fue hasta julio de 2023 cuando el Ministerio Público anunció que entre 2018 y los primeros meses del año se registraron 628 feminicidios y 636 feminicidios en grado de frustración.
Las cifras ofrecidas por distintas organizaciones contrastan con la recopilación oficial y dejan ver que la situación se ha prolongado a lo largo de los años. Según Utopix, en el primer trimestre de 2023 se reportaron 47 feminicidios. Esta organización también documentó que en 2022 hubo 236 feminicidios. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro Justicia y Paz (Cepaz), por su parte, documentó 282 casos de femicidios y 120 casos de femicidios frustrados. La organización Cofavic reportó que entre 2017 y 2021 ocurrieron 969 feminicidios, siendo el hogar y la vía pública los lugares con mayor cantidad de casos y alertando la inacción judicial para impartir justicia en estos casos.
“Durante la ejecución de los operativos los cuerpos de seguridad irrumpen de manera violenta en las viviendas, identifican a las víctimas, les someten y ante la intervención de las madres, hermanas, esposas u otras familiares de las víctimas, los funcionarios les señalan como responsables de ‘criar delincuentes’ o de encubrir sus presuntas actividades delictivas. El trato hacia las mujeres cumple con patrones de misoginia, discriminación por su situación económica, e incluso hay señalamientos despectivos de carácter sexual”, reporta Cofavic.
Ante esto, el CEDAW expresó su preocupación por la “persistencia de feminicidios, desapariciones y violencia psicológica y sexual contra mujeres y niñas y la falta de un protocolo sensible al género para la investigación de homicidios por razón de género, crímenes de odio y otras formas de violencia de género contra mujeres LBTI”.
El Comité invitó a Venezuela a adoptar normas y protocolos adecuados para la implementación de las leyes relativas a la mujer y los estándares internacionales, como la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, exhortó a que también se debe establecer un sistema de recopilación de datos que sea periódico sobre la violencia de género en el país.
“Hay que promocionar el autocuidado y las redes de apoyo”
Para la activista Melanie Agrinzones, muchas de las mujeres violentadas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ no quieren acceder a denunciar ante entes públicos porque se les puede someter a un proceso de revictimización. Agrega que en el caso de las mujeres trans, estas pueden ser víctimas de violencia policial y múltiples discriminaciones en espacios públicos o privados, por no poder expresar afecto a sus parejas o por no poder lucir como se desea.
A la impunidad se le suma la percepción de que los agresores y victimarios no recibirán una pena adecuada y tampoco puede haber reparación, destaca Estefanía Mendoza. Ella resalta que el acceso a la justicia se complica aún más para mujeres indígenas, campesinas o trans debido a los sesgos en el sistema de justicia.
“La disminución de la violencia comienza con respetar que somos personas y como tal tenemos derechos humanos que deben ser garantizados. Los prejuicios y los estigmas vulneran aún más nuestras experiencias, por ello cuando hablamos de la educación sexual integral, no es para adoctrinar, es para informar a las juventudes, para respetar la diversidad y que vivan una vida sana y segura. Todo esto solo se puede alcanzar a través de la información”, expresa Nohelia Urbina.
Urbina invita a hablar sobre el tema públicamente y visibilizar las vivencias, invita a promover el debate y luchar contra los discursos de odio y la desinformación sobre la violencia hacia mujeres, en especial las mujeres LBTIQ+. Las tres activistas consultadas por el OVV LGBTIQ+ reconocen que no es sencillo hacerlo debido a la normalización de la cultura de violencia; pero no es imposible.
“Hay que promocionar el autocuidado y las redes de apoyo. Es fundamental la empatía, porque se requieren espacios seguros y personas capacitadas no solo en psicología o psiquiatría, también deben tener una perspectiva de género transversalizada en vivencias LGBTIQ+ para evitar la reproducción de LGBTIQfobia dentro de los distintos espacios”, señala Urbina.
Conoce los detalles sobre los grupos de apoyo del OVV LGBTIQ+
Otras recomendaciones en materia de representación, igualdad, educación y salud
Entre otras recomendaciones al Estado hechas por el CEDAW están el cumplimiento con los tratados sobre derechos humanos y que se reincorpore a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicitó que haya mayor participación de las mujeres desde una mirada interseccional en la creación y promoción de políticas públicas, así como también que mejore los mecanismos de implementación de leyes.
En el informe se subraya la falta de recursos para impulsar roles enfocados en la materia de defensa de la mujer. A ello se le suma la baja representación de la mujer en cargos y puestos de toma de decisiones en el país. A la fecha de publicación del informe, tan solo 9 ministerios del Estado estaban dirigidos por mujeres. En la Asamblea Nacional solo hay 31 % de representación de mujeres, en las gobernaciones solo un 8,3 % y en las alcaldías solo un 19 %. El Comité mostró preocupación ante la falta de medidas para lograr la igualdad, lo que ocasiona que las mujeres estén subrepresentadas, en especial las mujeres indígenas, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, LBTIQ+ y mujeres con discapacidad.
Ante esta realidad, la instancia invita a reforzar las medidas y campañas de sensibilización para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, así como promover el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres. Instó a abordar y atender los estereotipos de género bajo una mirada interseccional, con enfoque particular en poblaciones vulnerables.
Otras preocupaciones indicadas en el informe incluyen el atender la situación de defensoras de derechos humanos. “El Comité considera su preocupación por la estigmatización y criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluidas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación”, se puede leer en el documento. Igualmente en él se lamenta la falta de medidas para enjuiciar a los perpetradores de esas violencias.
En materia de educación, se invitó al Estado venezolano a establecer procedimientos efectivos para investigar los casos de violencia de género, incluido el abuso sexual, acoso sexual de niñas en entornos escolares, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores y brindar atención médica, psicosocial y rehabilitación a las víctimas. En el área de empleo, se instó a promover el acceso formal a puestos de trabajo dignos, principalmente a grupos de mujeres vulnerables en zonas urbanas y rurales.
En el área de salud, se instó al Estado reformar el artículo 432 del Código Penal para legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto y malformaciones fetales graves, además de los casos de amenazas a la vida o la salud de la persona embarazada. También exhortó a despenalizarlo en todos los demás casos y garantizar a las personas el acceso adecuado a los servicios de interrupción voluntaria y segura del embarazo. Para ello también señaló que es necesario que se mejore el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y que se atienda adecuadamente a mujeres y niñas con VIH.
Por una vida libre de violencia
Ante la inacción del Estado para atender las recomendaciones de organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil asumen el compromiso de acompañar a las mujeres ante el contexto venezolano apegadas a los estándares de derechos humanos, pero no pueden solas. Nohelia Urbina asume la lucha contra la violencia partiendo de la deconstrucción y la corrección de prácticas violentas heredadas que se pueden estar replicando en la sociedad. Mendoza, por su parte, añade que también se debe educar a la sociedad y sensibilizar en materia de género y diversidad.
“El cambio para esto es desde nuestros espacios personales, mostrándonos como aliados, demostrando nuestro compromiso con cambiar esta realidad, siendo también verbales en cuanto a estas problemáticas, tratando de ser pedagógicos y educativos en nuestras interacciones, actuando desde la sensibilidad, la empatía y tratando de que eso se contagie a otras personas porque los cambios políticos y sobre todo los cambios legales suceden después de los cambios culturales. Venezuela necesita un cambio cultural para que se incluyan de verdad a las personas de la comunidad LGBTI”, subraya Estefanía Mendoza.
Sobre lo expresado por el CEDAW, Mendoza explica que el Estado venezolano ahora tendrá un periodo de dos años para actuar ante las recomendaciones urgentes y revisar que efectivamente haya acatado lo expresado por el Comité y realizado las acciones pertinentes. Aunque todas son importantes, cuatro recomendaciones tienen mayor urgencia y son las relativas a la trata de personas, la salud sexual y reproductiva, el establecimiento de protocolos y la creación de políticas que permitan la efectiva aplicación de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Estas recomendaciones de la CEDAW, así como las anteriores hace unos años, deben guiar la acción del Estado. Nuestra participación como sociedad civil en estos espacios busca dejar constancia de que la narrativa de este gobierno, que se hace llamar ‘feminista’, de que en Venezuela se garantizan los derechos de las mujeres o que se dejaron de garantizar a partir de las sanciones, es falsa. La principal causa para que se violen los derechos de las mujeres en Venezuela es la falta de voluntad y compromiso político para la garantía plena de los derechos de las mujeres”, sentencia Mendoza.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia ante cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
