El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ denuncia un ecosistema de desprotección estatal: entre la omisión legal, la represión postelectoral y una violencia que se traslada de las instituciones al hogar.
En Venezuela, ser una persona LGBTIQ+ no solo implica navegar prejuicios sociales; significa vivir en una «isla de desigualdad» jurídica en la región. Mientras los países vecinos avanzan, el Estado venezolano ha construido una arquitectura de omisión que hoy se traduce en cifras alarmantes: solo en el primer semestre de 2025, el OVV LGBTIQ+ documentó cerca de 150 casos de violencia y discriminación. Esta tendencia sistematiza un patrón ya observado en 2024, donde el 43,18% de los hechos violentos fueron perpetrados directamente por funcionarios del Estado (25% por fuerzas de seguridad y 18,18% por otros agentes públicos). No son hechos aislados, sino el resultado de un sistema que, al negar derechos básicos, entrega a los ciudadanos a la impunidad y al abuso, convirtiendo a las instituciones en verdugos y al hogar en un espacio de peligro.
El peso de 16 años de silencio
Para entender la violencia actual, es necesario mirar la deuda histórica. Venezuela arrastra una mora legislativa que constituye una violación sistemática de derechos humanos y alimenta una violencia estructural que ha cobrado vidas: desde 2008, se han documentado al menos 137 transfemicidios en el país.
- Identidad secuestrada: Se cumplen 16 años desde que se reformó la Ley de Registro Civil, la cual teóricamente permitiría el cambio de nombre para personas trans. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin implementar los mecanismos para que este derecho sea efectivo, forzando a la población trans a una muerte civil cotidiana.
- Matrimonio y exclusión: El artículo 44 del Código Civil sigue excluyendo a las parejas del mismo sexo, una contradicción directa con los principios de no discriminación que el Estado intenta promover falsamente en foros internacionales.
Esta falta de reconocimiento jurídico envía un mensaje claro: estas vidas no son prioritarias para la ley. Este vacío es el que permite que la discriminación escale hasta convertirse en violencia física y persecución política, con mayor incidencia en regiones como el Distrito Capital y Miranda.
El Estado como agresor (2024-2025)
El contexto postelectoral de 2024 marcó un punto de quiebre. La comunidad LGBTIQ+ enfrentó una ola de represión estatal sin precedentes, caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración.
- Persecución a activistas: Casos como la detención de Yendri Velásquez, coordinador del OVV LGBTIQ+, en el Aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a asistir a la ONU en Ginebra , o el asedio a Koddy Campos, demuestran una estrategia para silenciar la defensa de derechos. En este periodo, al menos 11 activistas abiertamente LGBTIQ+ fueron detenidos, permaneciendo algunos hasta seis meses en prisión.
- Operación Tun Tun: En enero de 2025, esta política de represión alcanzó a personas de la comunidad bajo criterios de criminalización política y moral, sumándose a prácticas represivas como la anulación arbitraria de pasaportes, que ha afectado al menos a 20 defensores de derechos humanos.
- Violencia institucional letal: La muerte bajo custodia de Ysrael Serrano Riera en El Helicoide y el asesinato de Carlos Enrique González Cuenca en Barinas evidencian que la desprotección estatal puede ser mortal. Esta violencia institucional incluye patrones de tortura y tratos crueles, como los documentados en el módulo policial de «El Helicoide», donde víctimas detenidas en centros de entretenimiento LGBTIQ+ reportaron amenazas de violencia sexual y humillaciones basadas en su identidad.
Ante este entorno de hostilidad, el exilio se ha convertido para muchos en el único mecanismo de protección; al menos seis activistas se vieron forzados a abandonar el país en el último año para resguardar su integridad.
El cierre del espacio cívico
La persecución no se limita a los individuos, sino que busca desmantelar el tejido asociativo de la comunidad. En un golpe drástico a la sociedad civil, organizaciones históricas han tenido que cesar sus actividades debido al clima de criminalización exacerbado por la Ley de Fiscalización de ONG (Ley AntiSociedad). Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, organizaciones como Venezuela Igualitaria, País Narrado y Venezuela Diversa anunciaron el cierre de sus operaciones para proteger la integridad física y emocional de sus miembros.
Cuando la ley decide no mirar
La violencia no solo viene del funcionario armado; viene del papel que no se firma y de la palabra que agrede desde el poder. Desde 2022, el OVV LGBTIQ+ ha reportado al menos 42 discursos con lenguaje discriminatorio emitidos por figuras públicas. Un caso emblemático fue el del Fiscal General de la República, quien calificó públicamente a las personas trans como «aberraciones humanas», legitimando la violencia desde la cúspide del sistema de justicia.
Esta desprotección se manifiesta en la cotidianidad de formas crueles:
- Extorsión policial: En marzo de 2025, una pareja en Zulia fue secuestrada y extorsionada por funcionarios de la PNB, quienes exigieron dinero tras humillarlos por su orientación sexual. El acceso forzado a teléfonos móviles se ha convertido en una herramienta recurrente de intimidación y control.
- El peligro de no ser visible: El boletín del OVV LGBTIQ+ revela que 33 personas rompieron el silencio sobre agresiones de sus propias parejas. Al no existir leyes que reconozcan estos vínculos, el agresor utiliza el «outing» (amenaza de revelar la identidad) como arma de tortura, sabiendo que la víctima no tiene un marco legal que la proteja en una relación del mismo género.
El reconocimiento como acto de supervivencia
La violencia contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela no es un accidente social; es una violencia estructural. Cuando el Estado ignora el acoso a una adolescente trans en La Guaira o impone cláusulas discriminatorias para prohibir la Marcha del Orgullo en Barquisimeto, está validando la exclusión.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ reafirma que el silencio institucional es cómplice. Mientras no existan leyes que protejan la identidad, reconozcan las familias y sancionen el odio, el Estado seguirá siendo el principal verdugo. Reconocer estas historias es el primer paso para desmantelar la impunidad.
Si eres víctima o testigo de discriminación, el OVV LGBTIQ+ ofrece atención psicolegal y un espacio seguro para denunciar. No estás solx.
