A más de un lustro de su creación, desde el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ nos vemos en la obligación de alzar la voz ya que esta oficina se ha convertido en otra estructura fantasma. La persistente falta de voluntad política mantiene bajo la sombra la idoneidad y el estatus real de su designación, dejando a la población LGBTIQ+ en un estado de total indefensión frente a la violencia sistemática y la discriminación cotidiana.
En noviembre de 2020, bajo la Gaceta Oficial N° 42.007, el Estado venezolano anunció con bombos y platillos la creación de la Defensoría Delegada Especial con Competencia Nacional para la Protección de las Personas de la Sexodiversidad. Para una comunidad históricamente vulnerada, expuesta a discursos de odio institucionales y sumida en una desprotección jurídica absoluta, la creación de esta instancia técnica parecía abrir un canal para la defensa de las garantías consagradas en la Constitución (CRBV) y los tratados internacionales.
¿Qué se está dejando de hacer?
El mandato legal de las Defensorías Delegadas Especiales no es decorativo. El propio diseño institucional de la Defensoría del Pueblo (DdP) les asigna atribuciones críticas que hoy, en materia de diversidad sexual, son letra muerta:
- Políticas públicas y proyectos inexistentes: Tienen la obligación de «diseñar, en conjunto con las Direcciones Generales de la DdP, las políticas y proyectos que permitan hacer efectiva la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos en materia de sexodiversidad.» En un país donde documentamos anualmente cientos de incidentes de violencia y discursos de odio sin respuesta estatal, la ausencia de estas políticas profundiza la impunidad.
- Falta de asesoría técnica calificada: Su objeto es «apoyar técnicamente y como asesor especializado a las distintas dependencias de la DdP.» Al no ejercerse esta función de manera transparente y articulada con la sociedad civil independiente, el funcionariado público sigue reproduciendo prejuicios, revictimizando a quienes denuncian y desconociendo las identidades de las personas trans y no binarias.
- Cero exigencia a organismos públicos y privados: La delegada debe «proponer acciones dirigidas a velar que en las dependencias del Estado e instancias privadas se garantice la protección de los DDHH.» Mientras esta atribución se ignora, las personas LGBTIQ+ siguen siendo expulsadas de espacios públicos, despedidas arbitrariamente de sus empleos y discriminadas en centros de salud.
Exigimos respuestas, no burocracia vacía
«Los derechos humanos no pueden esperar por agendas burocráticas ni por cálculos políticos. Cada día que pasa con una Defensoría Especial paralizada, es un día más donde el Estado venezolano convalida la violencia y la exclusión de la ciudadanía LGBTIQ+.»
Desde el OVV LGBTIQ+ recordamos que la creación de figuras jurídicas no equivale a la garantía de derechos. Exigimos claridad inmediata sobre la gestión de esta Defensoría Delegada Especial. La protección de las personas LGBTIQ+ requiere de un presupuesto real, un plan de trabajo auditable, un enfoque interseccional y un canal seguro y activo para la recepción y canalización de denuncias así como la rendición de cuentas de las tareas ejecutadas hasta la fecha.
Basta de usar nuestras identidades para simular progresos ante la comunidad internacional. La Defensoría del Pueblo debe asumir su rol constitucional y active con urgencia, idoneidad y transparencia las competencias que nos debe desde el año 2020. Garantizar los derechos humanos de la diversidad sexual no es una opción; es una obligación inmediata.
