- En la última semana ocurrieron dos transfeminicidios y dos amenazas de muerte a mujeres trans, lo que refleja la persistencia de la violencia a la que están expuestas estas personas en el país. Ni los transfeminicidios ni los crímenes de odio están tipificados en las leyes venezolanas. Ante este panorama, el OVV LGBTIQ+ denuncia y alerta sobre estos hechos, exhorta al Estado a reconocer las identidades trans y a actuar adecuadamente en cada uno de los casos
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) exige al Estado que investigue los dos transfeminicidios registrados en menos de una semana en el país, que aplique justicia a quienes corresponda y que garantice a las personas LGBTIQ+ sus derechos fundamentales: una vida digna, libre de violencia y discriminación.
El OVV LGBTIQ+ también alerta sobre la persistencia de la violencia que enfrentan las mujeres trans en Venezuela. En algunos casos, esa violencia puede cobrarse la vida de estas personas. En la última semana se registraron dos transfeminicidios: el de alias La Gocha en El Valle (Caracas), de 45 años de edad, y el de otra joven trans de apellidos Grancé Hidalgo, de 27 años de edad, en Maracay (Aragua).
A esos casos se les suma las amenazas de muerte realizadas a dos mujeres trans trabajadoras sexuales en un local nocturno en Los Teques (Miranda). Estos hechos que afectan a la población trans fueron reseñados en algunos portales web venezolanos de manera inadecuada, sin respetar la identidad autopercibida ni los pronombres de las mujeres trans, y también prescindiendo del componente de odio por prejuicio en los crímenes.
“La violencia tranfeminicida es la última muestra de violencia. Es la más letal. Es una escala que se puede verificar con los discursos de odio, los insultos en la calle o la violencia intrafamiliar. Allí también tiene que entrar también la violencia institucional. La transfobia del Estado que se ejecuta a través de la acción, cuando se violenta o no se protege los derechos fundamentales, u omisión, cuando se ignoran demandas, solicitudes y mandatos fundamentales que tiene el Estado para garantizar el derecho a la vida y la protección de los grupos vulnerables”, indica Yendri Velásquez, activista y coordinador del OVV LGBTIQ+.
El defensor de derechos humanos alerta que estos hechos ocurren en medio de un contexto en el que están desplegadas vocerías políticas, de iglesias evangélicas y católicas. Estas difunden en medios de comunicación y otros espacios de la sociedad narrativas de odio que motivan y promueven las violencias hacia las personas LGBTIQ+.
“Desde la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, los colegios, las universidades y partidos políticos es necesario hacerle frente a toda forma de violencia basada en prejuicio desde la educación y el desmontaje de los prejuicios. No hay que guardar silencio y ser cómplice de las narrativas de odio presentes en Venezuela”, sentencia Velásquez.
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Los hechos: dos transfeminicidios y dos amenazas de muerte a mujeres trans
El primer asesinato ocurrió el miércoles 8 de noviembre. Ese día alias La Gocha murió asesinada por sujetos sin identificar dentro de su vivienda ubicada en el barrio Zamora, El Valle (Caracas). A la estilista, que trabajaba en una peluquería en el Centro Comercial El Valle, le propinaron 40 puñaladas en el tórax.
De acuerdo con familiares y vecinos, la noche en la que ocurrió el crimen, escucharon gritos de alias La Gocha dentro de su vivienda, sin embargo, nadie se acercó a ver qué ocurría. Los compañeros de trabajo de la estilista se preocuparon porque no fue a trabajar y al ir a su casa hallaron el cuerpo ensangrentado de la estilista.
De acuerdo con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la casa fue encontrada desordenada y no estaba el teléfono móvil de la estilista. Indicaron que las puertas de la vivienda no fueron forzadas, por lo que presumen que los sujetos que la asesinaron pudieron haber entrado con el consentimiento de alias La gocha o por la parte de atrás del inmueble.
El CICPC maneja el móvil de robo o venganza y se encuentra en averiguaciones del caso. De momento, se pudo conocer que funcionarios detuvieron a unos sujetos presuntamente involucrados en el crimen, pero no ofrecieron detalles al respecto ni de sus identidades. El otro asesinato ocurrió 72 horas después, en Maracay.
El 11 de noviembre a las 3 de la madrugada murió asesinada una joven trans de apellidos Grancé Hidalgo en la avenida Bolívar Este, a la altura de la Torre Sindoni. Grancé Hidalgo presuntamente se dedicaba al trabajo sexual y su cuerpo fue hallado ensangrentado por las autoridades en la vía pública.
El hecho ocurrió luego de que unos sujetos que transitaban en un vehículo la atacaran y le dieran disparos en su cabeza con un arma de fuego, lo que le produjo un politraumatismo facial que acabó con su vida. El CICPC se encuentra realizando investigaciones, sin embargo, no descartan el robo como móvil del hecho.
Otros dos hechos denunciados de manera privada ante el OVV LGBTIQ+ reflejan la vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas las mujeres trans en el país. El lunes 13 de noviembre dos mujeres trans de 18 y 20 años de edad, respectivamente, fueron amenazadas de muerte con un arma de fuego en un local nocturno de Los Teques. En ese recinto, cuatro trabajadores apuntaron de frente a las jóvenes para que se retiraran del local.
El transfeminicidio, el crimen de odio y los vacíos legales que discriminan
De acuerdo con la abogada, docente y activista Richelle Briceño, en Venezuela no se reconoce el transfeminicidio en el ámbito legal, al igual que en varios países del mundo. El crimen implica el asesinato de una mujer por el hecho de ser trans. Lo que está contemplado en la legislación venezolana es el feminicidio.
“La legislación lo que ha hecho hasta este punto es desamparar a las personas trans, específicamente a las mujeres trans, ya que el Estado tampoco es capaz de reconocer sus identidades legalmente”, subraya Briceño sobre los transfeminicidios registrados en la última semana.
De momento, en ambos casos se maneja robo o venganza como posible móvil de los hechos. Según la experta, el Estado debería investigar los hechos a través de los cuerpos de seguridad, incluyendo el CICPC y la Fiscalía también debe llevar un proceso de investigación para hacer justicia a quienes cometieron los delitos contra estas personas.
Además del hecho de ser mujeres trans, otro de los factores similares en ambos asesinatos es el ensañamiento con el que se cometieron, por lo que los hechos pudieran calificarse como crímenes de odio basados en prejuicios por identidad de género. Pero el Estado tampoco reconoce esta tipificación.
“La Fiscalía debería avocarse a una investigación que pueda dar con los victimarios, que pueda hacer justicia a la víctima y que evite la revictimización a ellas y sus familiares. El papel de los medios de comunicación es vital. Deberían respetar sus identidades y pronombres. No es necesario exponer el nombre asignado al nacer porque lo que genera es amarillismo que puede alimentar el ‘morbo de la sociedad’, lo que trae como consecuencia el aumento del odio y la discriminación”, recomienda la abogada.
Velásquez comenta que el Ministerio Público (MP) debe garantizar una investigación transparente, diligente y en el tiempo debido. Igualmente, debe contar con un abordaje sensible, desde la perspectiva de género y LGBTIQ+, que garantice que no esté viciada por prejuicios LGBTIQfóbicos de los funcionarios involucrados en el proceso. “Este puede ser un punto de partida para generar los cambios legislativos necesarios para tipificar el agravante de delitos de odio basado en prejuicios”, dice el activista.
La violencia LGBTIQfóbica en Aragua, Caracas y Miranda
Aragua, Caracas y Miranda se encuentran entre las 6 entidades del país con mayor cantidad de casos registrados de discriminación y violencia hacia la población LGBTIQ+, según datos del Observatorio. Caracas lideró la lista, con 40 casos en 2022 y 14 en el primer cuatrimestre de 2023; le sigue Miranda, con 10 y 7 casos; y Aragua, con 5 y 2 casos, respectivamente.
En el boletín Discriminaciones y Violencias Contra las Personas LGBTIQ+: Balance enero-abril de 2023 se refleja que en al menos 4 de los 60 casos registrados no se respetó la identidad de género. En ese periodo ocurrieron dos crímenes, donde una mujer trans wayúu del estado Zulia murió asesinada y otra resultó agredida físicamente.
La situación en 2022 no fue distinta. En Rompiendo El Silencio: informe sobre violencias contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela durante el año 2022, de los 97 casos registrados, 14 casos fueron por violencias por prejuicio en función de la identidad de género. Además, se reportaron 12 crímenes hacia personas LGBTIQ+ y 31 agresiones dirigidas a personas trans.
“Estamos ante un sistema de justicia cuya característica es la impunidad. No solo los transfeminicidios pueden quedar impunes, si no también otro tipo de delitos y asesinatos hacia otras personas. Dentro de la investigación entra una característica: el prejuicio y la ignorancia. El caso, por tratarse de personas trans, puede ser olvidado. Las organizaciones de la sociedad civil y los familiares deben hacerle seguimiento a los casos para que la Fiscalía actúe conforme a la ley”, indica Briceño.
El no reconocimiento de las identidades de las personas trans por parte del Estado lleva a un estado de vulnerabilidad. Briseño hace referencia a los dos transfeminicidios y sus historias de vida: una de ellas era estilista y la otra trabajadora sexual. La abogada recomienda a la sociedad a abordar las realidades trans con sensibilidad y a repudiar los hechos de odio hacia esta población.
“Se repite el patrón del estereotipo de las mujeres trans. Esto ocurre porque no se les reconoce sus identidades y se obstaculiza el acceso a la educación, el trabajo digno, entre otros derechos. Esta ausencia de identidad legal hace que las vidas de las personas trans siempre se encuentren en un constante riesgo, porque deben asumir roles distintos a los que asumen las personas cisheterosexuales en la sociedad que les brinda seguridad”, sentencia Briceño.
Desde el OVV LGBTIQ+ se exhorta al Estado a cumplir su deber, a seguir las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos y legislar para proteger a este grupo vulnerable, así como también ejecutar campañas de prevención para que los delitos de odio no sigan siendo una realidad para las personas LGBTIQ+.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia ante cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
