- Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil indagaron sobre lo ocurrido con el caso de los 33 detenidos en Carabobo, hallando irregularidades en todo el proceso. La sociedad civil denuncia homofobia de Estado y solicitan el sobreseimiento de la causa, reparación a las víctimas y que se investigue a los funcionarios implicados en los hechos
Pese a que los 33 hombres gays y bisexuales que fueron detenidos arbitrariamente en un local en Valencia (Carabobo) se encuentran en libertad con medidas cautelares, organizaciones y activistas indican que el hecho marca un precedente lamentable que deja ver la escalada de la homofobia de Estado en Venezuela.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) mantiene la alerta sobre el inicio de un posible proceso de criminalización de la homosexualidad en el país a partir del proceso penal que empezó el 26 de julio contra las 33 personas afectadas en Carabobo.
El OVV LGBTIQ+ mantuvo un monitoreo de la situación, desde la detención hasta la liberación con medidas cautelares de los implicados en el caso y continúa exigiendo la libertad plena, así como una investigación contra los funcionarios y personas que actuaron irregularmente a partir de la detención.
Medios de comunicación, expertos y activistas denunciaron las irregularidades del proceso. Desde el OVV LGBTIQ+ compartimos 10 puntos con parte de las irregularidades identificadas por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación verificados.
Conoce la Unidad de Atención Psicolegal del OVV LGBTIQ+
1. El hecho que visibilizó la escalada de la homofobia de Estado en Venezuela
La detención de las 33 personas ocurrió el domingo 23 de julio en una instalación privada en Valencia (Carabobo). No fue hasta el 24 de julio que se difundió en redes sociales y medios digitales una minuta policial que daba a conocer lo sucedido, con descripciones que no se ajustaban a la ética periodística y que dejaban ver que se encontraban realizando una fiesta sexual.
Las personas detenidas fueron recluidas en una estación en la zona de Los Guayos. Posteriormente se trasladaron al Palacio de Justicia de Carabobo para ser presentados. Estaba previsto que el 25 de julio se realizara la audiencia de presentación de las 33 personas LGBTIQ+, pero fue diferida. Ese día fueron llevados a un Centro de Diagnóstico Integral para ser sometidos a verificación de estado de salud, documenta el medio Efecto Cocuyo.
El diferimiento del proceso ocasionó que los familiares protestaran por su liberación y las condiciones deplorables en las que se encontraban recluidos. El 26 de julio, más de 48 horas después de ser detenidos y tras de diferir inicialmente la audiencia de presentación, empezó el proceso y las 33 personas LGBTIQ+ fueron acusadas de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Tras finalizar la audiencia, a 30 de los implicados se les dio libertad con medidas cautelares de presentación cada 30 días.
A las otras personas, tres trabajadores de la instalación, además de las medidas cautelares, se les exigió fiadores y se ordenó el cierre del local. Posteriormente se les imputan nuevos delitos por presunto mal estado sanitario del local, sin pruebas suficientes, según indican los afectados.
El proceso está a cargo de la jueza Marialba Villarreal y ocurrió bajo irregularidades, según denuncian activistas y familiares, como falta de comunicación con los detenidos, imposibilidad para atender afecciones médicas y acceso adecuado a alimentos e higiene personal mientras estaban detenidos.
Durante la audiencia de presentación hubo fallas eléctricas, lo que entorpeció el inicio del proceso penal. A la fecha, las 33 personas se encuentran en libertad, sin embargo, continúa el procedimiento legal. El 26 de julio fueron liberadas 30 personas y el 2 de agosto a los 3 restantes.
2. Las irregularidades por parte de los funcionarios policiales al momento de la detención
Una denuncia anónima fue la que dio pie a la detención por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Estos no presentaron una orden de allanamiento y la justificación oficial fue que se estaba realizando una fiesta sexual que sería grabada para ser comercializada posteriormente. El proceso se realizó de manera inadecuada, según denuncian las organizaciones Acceso a la Justicia, Acción Solidaria y el Programa de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea).
“El hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano”, señala el artículo 47 de la constitución.
Los detenidos contaron posteriormente a medios de comunicación que no se encontraban realizando actos sexuales, y en tal caso, eso no corresponde a ningún delito tipificado por la ley venezolana, ya que todos eran mayores de edad, exisistía consentimiento y estaban en un lugar privado.
“Aquel en el cual el sospechoso sea sorprendido en el momento que está cometiendo el delito; acaba de cometerlo; aquel en el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, y finalmente, aquel en el cual al sospechoso se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor”, señala la sentencia n° 2.580 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el supuesto de delito flagrante, que en este caso no aplica.
Acceso a la Justicia señala que, tras la detención, se incautaron cédulas de identidad, teléfonos celulares y preservativos. Luego se difundieron las imágenes de los rostros, revelando la identidad de los detenidos, violentando el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que impone la reserva de investigación a terceros y los obliga a resguardar esa información.
El caso deja ver homofobia de Estado, corrupción y abuso de poder. Entre otras irregularidades documentadas por El Estímulo están el uso de influencias de los funcionarios policiales de REDI para poder proceder a la detención. También se dejaron en libertad a dos personas, ya que habían 35 personas en el establecimiento al momento de la detención. Igualmente, se usaron como pruebas condones y videos sexuales encontrados en los celulares, sin ser en sí mismos pruebas verdaderas ya que portarlos no es un delito.
3. Se irrespetaron los lapsos
Además, el proceso penal de presentación comenzó luego de las 48 horas reglamentarias según lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, por lo que debió archivarse. Las 33 personas fueron presentadas 72 horas después de haber sido detenidas.
El retardo procesal es un problema latente en Venezuela. El caso de los 33 detenidos en Carabobo se suma a la otra cantidad de casos de personas detenidas en calabozos comunes que no han podido iniciar su proceso legal. Según el informe de 2022 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) desde hace al menos seis años hay un incremento de denuncias respecto al retardo procesal, con 53 % de las personas detenidas procesadas y solo 47 % con condenas.
El OVP también denunció en su último informe que existe un hacinamiento del 68 % en las cárceles del país. Los testimonios de los detenidos en Carabobo dejan ver que los espacios en los que fueron recluidos preventivamente se encontraban en mal estado y no contaban con suficiente espacio para todos.
4. Los implicados no cometieron delitos a pesar de que se les imputaron cargos
En el proceso de los 33 se demuestra que se violó el principio de legalidad penal ya que los implicados no cometieron delitos. El artículo 49, numeral 6 de la Constitución, establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no estén previstos como delitos, faltas o infracciones en las leyes venezolanas.
A pesar de no haber motivos para la detención y el inicio de un procedimiento penal, se les imputó ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. El Código Penal establece en el artículo 382 que el ultraje al pudor ocurre en el momento en que un individuo ultraja el pudor o las buenas costumbres por cometer actos en público.
Otro supuesto establecido por ese artículo es que ocurra reiteradamente o con fines de lucro y para satisfacer las pasiones de otro, induzca, facilite o favorezca la prostitución o corrupción de alguna persona. Ningún supuesto en la ley aplica ya que las 33 personas se encontraban en un recinto privado y no hay constancia de que se favorecía el trabajo sexual y que alguien estuviera grabando para lucrarse.
El agavillamiento, por su parte, según el artículo 287 del Código Penal, ocurre cuando dos o más personas se unen para cometer delitos, algo que tampoco aplica ya que no hay pruebas de ello. Y la contaminación sónica está prevista en el artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente y castiga a los dueños de los establecimientos que generen ruidos de alta intensidad, duración y que puedan afectar a otros.
Según la norma, debió medirse con un sonómetro y son los propietarios los que se deben hacer responsables y no quienes están en el recinto, pero el proceso de medición no se realizó y los testimonios dejaron ver que era una zona alejada de la vida pública. Posteriormente, a los encargados del recinto se les imputó un delito relacionado a la sanidad del espacio, igualmente sin pruebas.
La imputación de los 3 delitos deja ver que desde la justicia venezolana se pretende criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o la homosexualidad y eso no constituye un delito, por lo que organizaciones alertan sobre la escalada de la homofobia de Estado.
5. Se sometió al escarnio público a los detenidos
La homofobia de Estado también se trasladó a los medios de comunicación. Tras la detención la policía difundió los rostros, nombres y cédulas de identidad de los 33 detenidos en Valencia, violando el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 49 de la Constitución, el artículo 21.1 sobre el derecho a la no discriminación por orientación sexual, el artículo 60 que establece el derecho a la privacidad y tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Venezuela.
Acceso a la Justicia señala que estos procedimientos irregulares suelen ser comunes en el país, pero en este caso, al tratarse de un grupo vulnerables y no existir pruebas que inculpan a los 33 detenidos, se trata de un proceso que lleva la estigmatización de las personas LGBTIQ+ en la sociedad y que eleva la homofobia de Estado.
Entre la información difundida por autoridades y medios de comunicación estuvo que una de las personas era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), lo que también viola lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares.
6. Sin respuesta a las solicitudes de la sociedad civil organizada y organizaciones internacionales de DD HH
Tras darse a conocer la noticia sobre la detención de 33 hombres LGBTIQ+ en Valencia en redes sociales, distintos defensores de derechos humanos, activistas, expertos, gremios y aliados se sumaron a la defensa de los derechos de los detenidos al conocer que fue un hecho irregular.
La semana posterior a la detención empezó una campaña solicitando libertad plena para los detenidos y el fin de la homofobia de Estado. El 26 de julio activistas acompañaron a los familiares durante el proceso de presentación. Ese día, en Caracas, se realizó una solicitud de pronunciamiento a la Defensoría del Pueblo por lo ocurrido en el caso de los 33 en Carabobo.
El 28 de julio se protestó e introdujo un documento ante la sede del Ministerio Público exigiendo sobreseimiento de la causa, nulidad y fin del proceso judicial que inició en contra de los 33 ciudadanos. La Asociación Civil Espacio Público denunció que funcionarios tomaron fotos de quienes se encontraban protestando, algo que deja ver el hostigamiento de las autoridades hacia defensores de derechos.
Distintas organizaciones y gremios rechazaron lo ocurrido explicando por qué se trata de un hecho que afecta las libertades civiles de todas las personas en el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y otros gremios rechazaron la forma en que se informó sobre lo ocurrido y exhortaron a mantener la ética periodística.
Igualmente, el 7 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en favor de los 33 detenidos en Carabobo y exigió su liberación. “La CIDH recuerda que la criminalización de las relaciones sexuales consexuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos”, señaló en un comunicado de prensa.
7. Autoridades sin pronunciamientos adecuados sobre el caso
A pesar de que organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público un pronunciamiento que abogara en favor de la liberación de las 33 personas, ninguna de sus principales autoridades se pronunciaron públicamente hasta el 31 de julio.
Ese día, el fiscal general Tarek William Saab habló sobre la posibilidad de que se les diera sobreseimiento a la causa a 30 de las 33 personas, sin embargo, a la fecha, 14 de agosto, no ha ocurrido y las personas continúan con medidas cautelares. A las otras 3 personas, trabajadores y dueño del local, se les continuará el procedimiento.
8. Testimonios expuestos por las víctimas luego de la liberación dejan ver impacto psicológico
Las entrevistas que han brindado los afectados por los hechos en Carabobo dejan ver que fueron engañados y en un primer momento no se les dijo que estaban detenidos. Las primeras entrevistas ofrecidas a WTC Radio dejaron ver el impacto psicológico que sufrieron durante la detención.
“Sentí tristeza. Irónicamente sentí vergüenza. Es extraño sentirse así por algo que tú no estás haciendo, pero estamos en un país donde cualquier persona está a un clic de dañar la vida a cualquiera. Cualquier persona con una red social con alcance, se considera juez, Dios y puede dañar cualquier cantidad de planes y vidas. Sentí desespero, indignación. Uno de mis compañeros se quería suicidar, había temas de religión y familia. Llegó un momento en que mi tema, para mí, no era prioritario”, señaló a WTC Racio Iván Valera, internacionalista, defensor de derechos humanos y uno de los sobrevivientes del hecho de violencia en Carabobo.
Él estaba en la sala de estar y venía saliendo del bar del establecimiento, cuando entraron más de 6 funcionarios de la PNB señalando que era una inspección de rutina. “Creía conocer el país donde vivo y hoy lo desconozco”, agregó Valera. Luego se los llevaron “en calidad de testigo”.
En la estación policial empieza el “psicoterror”, según narra Iván y todo cambia de testigo a detenidos cuando en la estación se les toma la fotografía que luego se difundió en redes sociales y medios de comunicación. Los funcionarios se mofaron de la situación, revisaron sus teléfonos, momentos que ocasionaron que algunos se desmayaron.
A Iván se le bajó la tensión y quería ir al baño, pero el policía le dijo que hiciera sus necesidades en la celda. “Ahí me juzgó, se supone que sabe cuál es el delito que supuestamente cometí. Ahí entendí que para nosotros en este país es delito ser homosexual”, sentenció Valera. Mientras las personas en redes sociales y en otros espacios clamaban por la libertad de los 33, los funcionarios se burlaron de ellos despectivamente y les decían “las 33”.
Luis Estrada, un profesor en una institución católica estuvo entre los implicados en el caso de los 33 tuvo que renunciar a su cargo porque su identidad se hizo pública. Tras salir en libertad, señaló a El Pitazo que tiene problemas de sueño. “Nos dejaron hechos pedazos”, indicó Estrada.
“No me afecta lo que digan de mí en la prensa o redes sociales, me afecta no poder dormir. Fue una pesadilla estar encerrado”, confesó Luis Estrada, quien narró que al salir de prisión, lo primero que quiso hacer fue botar toda la ropa que tenía puesta al saber la insalubridad que existe en prisión.
Cuando ingresaron a ser presentados, la juez no pudo mirar a los “acusados” a la cara, señaló Valera. En las últimas horas que estuvieron detenidos, gracias al apoyo de los abogados, pudieron bañarse con una manguera en el patio de la comandancia y comer, pero en condiciones limitadas.
Aunque aliviados por la libertad con medidas cautelares, solicitan el derecho a que se les restituya la libertad plena y continúan apostando a que se erradique la homofobia de Estado. Tras salir en libertad parcial, algunos se sintieron avergonzados por lo que ocurrió y otros aseguraron que continuarán alzando la voz y defendiendo sus derechos.
9. El hecho ya había ocurrido en otras ocasiones
Lo que ocurrió en Carabobo no es un hecho aislado y resalta la ya existente homofobia de Estado. El OVV LGBTIQ+ alertó sobre 60 casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+ entre enero y abril de 2023. En 2022 se documentaron otros 97 casos. Además, entre enero de 2021 y diciembre de 2022 el movimiento venezolano SOMOS documentó 11 detenciones arbitrarias a personas LGBTIQ+.
Esas detenciones fueron realizadas por distintos cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado por prejuicios basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, así como las características sexuales de las personas. En cuatro de los casos, hubo actos de extorsión, métodos de tortura, violencia física, verbal y psicológica.
Durante ese periodo SOMOS también se han documentado, por lo menos, cuatro redadas policiales en espacios de ocio y esparcimiento LGBTIQ+, 2 en Caracas, 1 en Maracaibo y 1 en Mérida. Otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, gremios y activistas se han sumado a denunciar la situación.
Los casos anteriormente documentados no pasaron de la extorsión. En el caso de los 33 detenidos en Carabobo, el medio de comunicación El Estímulo pudo entrevistar a un familiar que dijo que la PNB les solicitaba pagar hasta 1.000 dólares “para que los dejaran quietos”, pero estos no accedieron a la extorsión.
10. ¿Cómo afecta la homofobia de Estado a los venezolanos?
Al igual que otros procesos irregulares, hechos como el que le ocurrió a los 33 hombres homosexuales y bisexuales en Carabobo demuestran lo arbitrario que actúan las autoridades en el país y dejan ver la homofobia de Estado que no solo afecta a las personas LGBTIQ+. Este hecho deja un precedente que atenta contra las libertades civiles individuales, como el derecho a tener una vida privada y al ser vulnerado para un grupo, abre la posibilidad de que le ocurra a otras personas fuera de esta población.
La ONG Provea denunció el 27 de julio que el régimen de Nicolás Maduro aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que se apoyaba a las personas LGBTIQ+ aunque el trabajo de distintas organizaciones ha demostrado que no es así. En su lugar, voceros del Estado se han sumado a apoyar a líderes religiosos y conservadores.
Además, la homofobia de Estado se ve reflejada no solo en la acción sino en la inacción de las autoridades correspondientes para accionar y legislar para atender las demandas históricas de la población LGBTIQ+ en el país: matrimonio igualitario, ley trans integral, así como políticas públicas diferenciadas y contra la discriminación o la violencia. Venezuela es el último país en la región, junto a Paraguay, sin leyes para la población LGBTIQ+.
La criminalización de las personas LGBTIQ+ es algo que se ha mantenido arraigado en el país desde hace varias décadas. La detención de las personas LGBTIQ+ recuerda a cuando se criminalizaban a las personas LGBTIQ+ en la década de los sesenta, setenta y ochenta. Es algo que no debe ocurrir ya que ser LGBTIQ+ no es un delito.
Desde el OVV LGBTIQ+ alertamos que la escalada de la violencia ocurre en el ámbito social e institucional, donde se criminaliza la vida de las personas LGBTIQ+ a partir de prejuicios. Las autoridades venezolanas ejercen una política de homofobia de Estado al no garantizar la seguridad, vida y la no discriminación hacia este grupo vulnerable. Además, se continúa exigiendo justicia, libertad plena y reparación para las 33 personas afectadas por el hecho en Carabobo.
El OVV LGBTIQ+ rechaza la homofobia de Estado y pone a la orden los canales de denuncia ante cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+ en el país, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
