Zulia
  • La policía del estado Zulia indica que detuvo a Marcos Alfonso Carballo por el presunto delito de ultraje al pudor. Si se le llegara a imputar el cargo, sería el segundo caso público, luego del caso de los 33 en Carabobo, que procede bajo argumentos conservadores, religiosos y que atentan contra los derechos de la población LGBTIQ+ y el derecho a la libertad de expresión en sus distintas formas

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) denuncia la detención del joven influencer LGBTIQ+ Marcos Alfonso Carballo, de 26 años de edad, el viernes 2 de febrero por presuntamente “atentar contra el buen orden de la familia, por resistencia a la autoridad y por actos inmorales en sitios públicos” luego de que modelara un disfraz de ángel frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y otros espacios como el Monumento a la Virgen de Chiquinquirá y la Iglesia de Santa Bárbara en Maracaibo (Zulia).

“No hubo delito pues el acto por el que la persona fue detenida es considerado parte de su libertad de expresión, libre desenvolvimiento de la personalidad y por ser una expresión de arte, cultural, que busca transmitir un mensaje. Todos estos son derechos consagrados en la Constitución y otros instrumentos internacionales”, señaló Jeffrey Rodríguez, abogado y coordinador del OVV LGBTIQ+, sobre el hecho en Zulia.

Según pudo conocer el OVV LGBTIQ+ este sábado 3 de febrero, Carballo se encuentra detenido en la sede del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpez) de la Chamarreta junto a Nerio Antonio Bello, de 58 años de edad, quien fue el proveedor del disfraz al joven influenciador. La detención se realizó con agentes del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) luego de una serie de denuncias en redes sociales y por parte de sectores religiosos de la religión católica. Además, las autoridades se encuentran en la búsqueda de Gueisbel Alejandra Núñez, quien colaboró a grabar el material audiovisual difundido a partir del 30 de enero de 2024 en la cuenta de Instagram de Carballo.

De acuerdo con el reporte policial oficial de Cpez, Carballo se vistió de manera “indecorosa” y tomó una conducta “hostil” al momento de la detención en su residencia en la urbanización La Paz, en la parroquia Cecilio Acosta. Tras llevar a Carballo y Bello al Centro Diagnóstico Integral (CDI) de la Chamarrera para verificar el estado de salud de ambos, fueron detenidos preventivamente y puestos a la disposición de la Fiscalía N° 11 del Ministerio Público junto a presunta evidencia.

“Estamos ante un acto de homofobia porque hay una actuación diferenciada por parte de las autoridades y los cuerpos de seguridad respecto a otras manifestaciones artísticas u otras comisiones de otros delitos. Ojalá que las autoridades actuaran diligentemente ante denuncias o actos que sí pueden ser considerados un delito. La persecución y la detención de las personas que estuvieron directa o indirectamente involucradas en la toma de las fotos también resulta preocupante. Al no tener una expresión de género tradicional (Marcos Alfonso Carballo), las autoridades actúan de manera irregular con este caso”, subraya Rodríguez.

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Foto: referencial.

Denunciamos la discriminación tras el hecho en Zulia

El OVV LGBTIQ+ denuncia que la detención se realizó de manera irregular y prejuiciosa debido a que Carballo solo fue detenido porque utilizaba maquillaje y un disfraz de ángel en zonas aledañas a espacios religiosos. En los videos difundidos en su cuenta en Instagram se deja ver al joven influencer modelando el disfraz frente a la Basílica, exponiendo en los post un mensaje de aceptación, amor propio y reflexiones sobre la importancia de expresar el arte a través de distintos espacios y actividades.

Los espacios públicos, en Zulia y otros estados, suelen ser utilizados por modelos y fotógrafos para realizar contenido para campañas publicitarias o redes sociales. De hecho, en estas plataformas se pueden observar otras acciones similares a las que realizó Carballo en espacios como plazas y parques.

Desde el OVV LGBTIQ+ también se denuncia la manera discriminatoria en la que se desarrolló el procedimiento y en la que se reseñó en medios de comunicación y cuentas oficiales de la policía del estado, organismo que según publicó en su cuenta oficial de Instagram, que el joven presuntamente incurrió en el delito de ultraje al pudor. Si se le llegara a imputar el cargo, sería el segundo caso público, luego del caso de los 33 en Carabobo, que procede bajo argumentos conservadores, religiosos y que atentan contra los derechos de la población LGBTIQ+ y el derecho a la libertad de expresión en sus distintas formas.

“El delito de ultraje al pudor se utiliza de manera discrecional por parte de las autoridades, fiscales o jueces, primero, cuando un acto a nivel social puede haber causado algún tipo de molestia o repudio, y segundo, cuando hay una respuesta social de connotación negativa o abrumadora. Ante esto las autoridades pueden actuar de manera inmediata de manera desproporcional. Es peligroso que se le impute a personas LGBTIQ+ porque le deja ver a los demás que ser parte de esta población es un delito”, explica Jeffrey Rodríguez, quien añade que aplicarlo al caso del Zulia sentaría un grave precedente pues próximas actividades similares o culturales pueden ser consideradas como posible “ultraje al pudor”.

Para el abogado, la influencia religiosa católica pesó en el accionar de las autoridades. Jeffrey Rodríguez explica que el Estado tiene un vínculo cercano con grupos religiosos, como los católicos y evangélicos neopentecostales, que suene tener peso a la hora de actuar de funcionarios públicos o desarrollar procedimientos policiales.

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Foto: referencial.

Actuación discriminatoria bajo argumentos religiosos

Desde el OVV LGBTIQ+ abogamos porque se libere a los implicados, que las autoridades actúen adecuadamente, que no se utilicen argumentos religiosos para proceder con el caso y que se evite incurrir en actos irregulares que resulten discriminatorios para las personas LGBTIQ+ en Venezuela. El hecho refleja la prologada homofobia de Estado que mantiene al margen a las población LGBTIQ+, que no goza plenamente de sus derechos humanos debido a que el Estado no ha reconocido sus exigencias históricas.

El OVV LGBTIQ+ aboga por que cada persona LGBTIQ+ en el país pueda expresarse libremente sin ser atacada y que puedan vivir una vida libre de discriminación y violencia, pues ser LGBTIQ+ no es un delito y las expresiones artísticas de esta población no atentan contra los derechos de otras personas. Además, los funcionarios del Estado deben apegarse al laicismo establecido en la Constitución y exhorta a las autoridades a tomar decisiones con base a la ley y no bajo prejuicios religiosos conservadores.

“Puede que el Estado no busque limitar cómo se visten las personas, pero sí cómo se visten las personas LGBTIQ+. Te puedes vestir bien, mientras entre los parámetros socialmente establecidos, pero cuando sales de estos parámetros, comienza el cuestionamiento y es cuando puede haber limitaciones. Esto se traduce en incidentes discriminatorios en espacios públicos o puede haber hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad. Para la comunidad LGBTIQ+ hay un accionar más agresivo sobre cómo pueden comportarse y eso conlleva a todo lo demás, desde cómo deben vestirse hasta cómo deben interactuar”, concluye el abogado del OVV LGBTIQ+.

El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y servicios de atención psicolegal para atender cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).

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