- Las personas LGBTIQ+ se enfrentan a distintas realidades en los Ándes venezolanos, como la crianza conservadora con valores católicos arraigados, la crisis de los servicios públicos, la falta de espacios seguros donde poder ser ellas mismas y un clima con bajas temperaturas que impacta en lo psicológico. Esto ayuda a comprender en parte por qué Mérida, Táchira y Trujillo son las entidades con mayor cantidad de suicidios en el país
La discriminación y la violencia hacia las personas LGBTIQ+ en Venezuela se presenta de manera diferenciada de acuerdo a la región en la que ocurra y a la influencia de otros factores, como la realidad socioeconómica regional, las costumbres, la dinámica social o el clima. En los Ándes, la discriminación hacia esta población se materializa como el resultado de un cúmulo de realidades: una sociedad con prejuicios conservadores basados en valores católicos arraigados, un clima más frío que el promedio en el país y una crisis latente de servicios públicos y salud mental.
“A las personas LGBTIQ+ de la región de los Andes la crisis social, económica, y política que se vive en Venezuela les impacta de manera diferenciada. Al no estar en los estados cercanos al centro del país, las oportunidades de empleo y estudios para las personas de la comunidad LGBTIQ+ son muy limitadas. Además, sufren muchas violencias dentro de sus mismas familias. Son estados mayormente católicos y en la mayoría de los casos ven a las personas LGBTIQ+ como una ‘abominación’”, señaló Romario Sánchez, presidente del Observatorio de Derechos LGBTIQ+ e investigador del Movimiento SOMOS.
En Rompiendo el silencio: informe sobre violencias contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela durante el año 2022 el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) documentó 97 casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+, de los cuales 8 ocurrieron en el estado Táchira. En 2023 se documentaron otros 154 casos de discriminación, de los cuales dos ocurrieron en los Ándes: un incidente discriminatorio en Táchira y un suicidio en Mérida, según indican los datos de Voces contra el prejuicio: informe sobre violencias y discriminación a personas LGBTIQ+ (Enero – junio 2023).
El Movimiento SOMOS registró durante 2023 al menos 200 incidentes de odio hacia la población LGBTIQ+ en todo el país y 49 de los casos ocurrieron en la región de los Andes, en Mérida, Táchira y Trujillo. No obstante, es posible que la cifra varíe debido a que hay casos de discriminación y violencia que no son denunciados ni registrados por organizaciones civiles u organismos del Estado. Que las autoridades no registren o manejen cifras diferenciadas por región sobre la discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+ impide que se promuevan políticas públicas hacia este grupo vulnerable, que tiene necesidades específicas. Estas vulnerabilidades también se potencian debido a la situación de emergencia humanitaria compleja.
“La pirámide de las necesidades de Maslow habla de las motivaciones humanas. Allí se especifica que para poder llegar a la autorrealización tenemos que resolver nuestras necesidades básicas. Cuando una situación económica o social está profundamente afectada no podemos tener resueltas esas necesidades y es difícil acceder al próximo escalón y tener salud mental. En Venezuela, muchas necesidades no están resueltas. Lo que ocurre con los grupos vulnerables, como la población LGBTIQ+, es que cuando hay una situación de desequilibrio social o afectación económica, hay una mayor repercusión y quedan descuidados en muchos niveles”, destacó Khinverly Marrero, psicóloga del OVV LGBTIQ+.
Comprendiendo el contexto al cual se enfrentan las personas LGBTIQ+ en los Ándes
Las personas LGBTIQ+ en los Ándes, al igual que el resto de la sociedad se enfrentan a distintas crisis que les afectan de distintas maneras y a distintos niveles. A todos les afecta la desigualdad y la pobreza, que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), superó el 50,5 % en el país en 2022. De hecho, Venezuela es el país más desigual de América. La falla en algunos servicios que ofrecen los centros de salud pública impide que estas personas sean atendidas de manera adecuada, según refleja la Encuesta Nacional de hospitales (ENH) en su informe semi anual de 2023.
Además, las fallas en los servicios públicos impide que las personas puedan realizar sus labores diarias o trabajar con normalidad. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), las interrupciones eléctricas son uno de los mayores problemas en la región. El OVSP registró los apagones en 12 ciudades del país en noviembre de 2023 y determinaron que San Cristóbal (90,3 %) y Mérida (85,9 %) tienen algunos de los mayores porcentajes de cortes diarios. Esta última ciudad está entre las que más percibe negativamente el servicio eléctrico, con un 89,8 %.
La valoración negativa se extiende a otros servicios públicos, como el internet (41,6 % en San Cristóbal y 36,5 % en Mérida) y el agua (56,8 % en Mérida y 34,4 % en San Cristóbal). El malestar sobre estas fallas se refleja en las protestas que ocurren constantemente para exigirle al Estado una respuesta a las necesidades básicas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó en 2023 5.583 protestas (un 80 % del total documentado) por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), de los cuales 1.085 ocurrieron en los Ándes (444 en Mérida, 399 en Táchira y 242 en Trujillo).
Los bajos salarios, las políticas públicas ineficientes, el colapso de la infraestructura de servicios básicos y casos de corrupción fueron algunas de las situaciones más denunciadas en las protestas. A las fallas en los servicios públicos de calidad y el malestar social se suman a la inseguridad y la presencia de grupos armados irregulares en los Ándes, principalmente en zonas fronterizas. La ONG Fundaredes documentó en su informe del cuarto trimestre de 2023 que hay bandas criminales que ejercen un amplio control en varias regiones del país, lo cual se traduce en la imposición del miedo en la población.
Y es que estas situaciones dejan un impacto grave en la vida de estas personas. Pese a que los Andes no están entre los estados con mayores muertes violentas, sí lideran las tasas de suicidio en el país, según informó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en el Informe anual de violencia 2023. Mérida ocupa la primera posición, con una tasa de 15,5 por cada 100.000 habitantes; Táchira la segunda, con una tasa de 13,6 y Trujillo el cuarto lugar, con una tasa de 11,9, lo que refleja que la región enfrenta una situación crítica de salud mental, que ha sido prolongada y no ha sido atendida adecuadamente por el Estado a lo largo de los años.
La influencia de el clima, la crianza y la religión en la percepción de los asuntos LGBTIQ+
“Mérida es un estado profundamente católico. Esto tiene un impacto en la mirada que tienen las personas sobre la comunidad LGBTIQ+. No es lo mismo crecer siendo LGBTIQ+ en la región de los Andes que en cualquier otra región del país. El contexto religioso y de personas amables pero poco comunicativas que hay en la región de los Andes tiene un impacto muy grave en las infancias LGBTIQ+ y en las personas LGBTIQ+ en general”, agregó Romario Sánchez.
Tanto Marrero como Sánchez coinciden en que al ambiente religioso católico que predomina en la sociedad de los Ándes se le pudiera sumar el método de crianza propia de la región, que a veces es particular y puede ser sobreexigente y conservadora respecto a muchos temas. El clima y las bajas temperaturas también pueden influir en el estado de ánimo de las personas. El cúmulo de situaciones llevan a las personas LGBTIQ+ a vivir en un ambiente complejo y a veces hostil que les impide desarrollar sus proyectos de vida en condiciones de igualdad y de manera adecuada, además, los expone a vivir situaciones de violencia y discriminación.
Sánchez explica que el patrón de violencia al que están expuestas las personas LGBTIQ+ en los Ándes se refleja en casos de discriminación directa que involucran violencia emocional y violencia psicológica. En algunos casos los incidentes pueden llegar a la violencia física. Señala que el estado Mérida es uno de los que más incidencia tiene en cuando a la discriminación y violencia hacia esta población vulnerable, según los registros del Movimiento SOMOS.
“El grupo más vulnerable son las personas trans, más de la mitad de los incidentes de odio van dirigidos a este grupo de personas que por lo general están en situaciones económicas y emocionalmente más vulnerables. Hemos registrado incidentes de violencia hacia las personas LGBTIQ+ en espacios públicos y privados, en la Universidad de los Andes (ULA), en diferentes restaurantes y centros comerciales y con mayor énfasis en las vías públicas de estos estados”, subraya Sánchez.
La aceptación social a los temas LGBTIQ+ en los Ándes es limitada, destacó Sánchez. Indicó que es necesario seguir hablando de los temas relacionados a la población LGBTIQ+ para seguir visibilizando las exigencias, necesidades, pero también los logros. Para él, muchas personas suelen tener ideas erradas sobre lo que implica ser parte de esta población, influenciados por la desinformación que abunda en redes sociales y entre grupos conservadores o religiosos.
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La importancia de acompañar en distintos espacios y procesos
Las actividades culturales, recreativas o de acompañamiento en algunas zonas de la región de los Ándes han colaborado a disminuir el malestar generado por las crisis que enfrentan las personas LGBTIQ+ en la región y por la discriminación que viven a diario, pero terminan siendo insuficientes si el Estado no genera estrategias útiles para atender las necesidades y solicitudes de la sociedad. En especial si no se dedica a legislar de manera diferenciada para las personas LGBTIQ+ y a prevenir los actos discriminatorios basados en prejuicios en el ámbito educativo a una edad temprana.
Por ejemplo, el Movimiento SOMOS creó en 2021 el primer Centro LGBTIQ+ de Venezuela. Se ubica en la ciudad de Mérida y allí han realizado grupos de apoyo para mujeres, personas LGBTIQ+ y personas con ideación suicida. “Contamos con la asistencia de muchxs chicxs jóvenes, pero también asisten muchas personas de la tercera edad y vemos su disposición a escuchar y aprender de temas que quizá nunca habían tenido la oportunidad de aprender”, dijo Sánchez.
Aunque las iniciativas desde la sociedad civil intentan acompañar a las personas LGBTIQ+ en distintos espacios y procesos, es el Estado el que debe actuar diligentemente en atender el contexto económico, político y social y en legislar para atender a esta población, así como sus exigencias históricas que incluyen una ley integral de identidad de género o el matrimonio civil igualitario. Marrero expresó que actualmente no existen servicios de atención psicológica y psiquiátrica gratuita en los hospitales.
La psicóloga recomienda que el Estado empiece a implementar políticas públicas enfocadas en la salud mental y la prevención como en el abordaje de personas que tienen afectada su salud mental para prevenir la ideación suicida. Sánchez recomienda continuar trabajando por crear espacios seguros para todas las personas LGBTIQ+.
“Pueden buscar espacios de ayuda, que pueden ser apoyo psicológico especializado e individualizado, que también pueda sostenerse con grupos de apoyo y grupos de encuentro, o espacios seguros donde se promueva la salud mental. En caso de no poder acceder a estos servicios, se puede aplicar medidas de autocuidado y buscar apoyo en amigos o familiares que sirvan de apoyo y de contención”, recomendó la psicóloga Khinverly Marrero.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y servicios de atención psicolegal para atender cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
