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La expulsión de la OACNUDH de Venezuela impone más barreras para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+

  • La expulsión ocurre luego de que la OACNUDH indicara su preocupación por la detención y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. El OVV LGBTIQ+ teme que la retirada de la oficina deje sin atender o impune los hechos de violencia que requieran apoyo y asistencia de esa oficina

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) alerta que la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de Venezuela incrementa las vulnerabilidades de los sobrevivientes a hechos de violencia, violaciones de derechos humanos e impone más barreras para el reconocimiento pleno de los derechos de la población LGBTIQ+.

Cualquier acción del Estado que atente contra los derechos humanos afecta de manera diferenciada a la población LGBTIQ+ y a otros grupos vulnerables en el país. De acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, con la expulsión de la OACNUDH las víctimas pierden la única instancia en el país de carácter imparcial e independiente al cual acudir, tomando en cuenta que las entidades públicas pueden no cumplir con su mandato de protección de los derechos humanos.

También se pierde un espacio en el que se podía denunciar violaciones a derechos humanos y otras arbitrariedades ejercidas por el Estado sin temor a que las personas sobrevivientes de violaciones de derechos humanos sean revictimizadas o perseguidas. Durante su mandato, la OACNUDH logró algunas liberaciones y el cese de algunas violaciones de derechos humanos, pero eso ya no ocurrirá con su expulsión.

La OACNUDH brindaba asistencia técnica sobre los estándares internacionales en materia de derechos humanos, facilitaba el contacto de las víctimas con las entidades de protección de derechos humanos, exponían ante instancias internacionales lo que ocurría en el país y trabajaban en terreno en estas materias.

Igualmente se mantenían articulados con las organizaciones de la sociedad civil para articular mecanismos de defensa de derechos humanos. La ONG Defiende Venezuela también alertó que ahora habrá limitaciones en el acceso de los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al país y limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación sobre la situación en Venezuela.

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Sin la OACNUDH continuará predominando un Estado LGBTIQfóbico

El Estado continúa en deuda con las población LGBTIQ+ al no reconocer sus exigencias históricas ni eliminar las barreras que les impiden acceder al goce pleno de sus derechos humanos. Aún siguen sin reconocerse las identidades trans, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y otras exigencias. Organismos internacionales han recomendado al Estado y sus autoridades que legislen en favor de este y otros grupos vulnerables internacionalmente reconocidos y que se pronuncien en contra de la discriminación.

No obstante, el Estado actualmente mantiene una postura de indiferencia ante el tema LGBTIQ+, en su lugar, mantiene alianzas con grupos conservadores y religiosos evangélicos neopentecostales, que buscan limitar cualquier iniciativa relacionada a los movimientos LGBTIQ+ o sobre derechos sexuales y reproductivos. De hecho, estos grupos conservadores han frenado la iniciativa de la Ley Contra Todo Tipo de Discriminación en la Asamblea Nacional (AN).

El Estado sigue sin permitir el cambio de nombre de las personas trans, a pesar de que la legislación actual lo permite, las personas LGBTIQ+ no pueden donar sangre libremente debido a que son considerados un grupo de riesgo y, en el ámbito local y regional, no se han promovido nuevas iniciativas de ordenanzas contra la discriminación.

Es posible, que, sin la OACNUDH, los hechos de violencias o discriminación, las arbitrariedades contra personas o grupos LGBTIQ+, la postura LGBTIQfóbica del Estado o las recomendaciones que se requieran implementar en la materia, así como otras situaciones que requieran del apoyo de esta oficina, queden sin atender, impunes o sin la atención por parte del Estado y otros organismos internacionales.

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El caso de Rocío San Miguel y la alerta de la OACNUDH que provocó su expulsión del país

La expulsión de la OACNUDH ocurre luego de que expresaran el 13 de febrero su preocupación por la detención y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida el 9 de febrero junto a su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía mientras trataban de salir del país.

La OACNUDH se expresó por el caso de la detención y desaparición de San Miguel debido a que la defensora fue detenida arbitrariamente, no se respetaron los lapsos legales de los procedimientos, se desconocía de su paradero luego de la detención, el sitio de reclusión y sus abogados no pudieron asumir su defensa.

En rechazo al pronunciamiento, el canciller Yvan Gil anunció el 15 de febrero la decisión del Estado de suspender las actividades de la OACNUDH en Venezuela luego de una revisión integral de los términos de cooperación técnica y se instó al personal de la oficina a salir del país en un plazo de 72 horas.

La medida fue rechazada por 125 defensores y activistas y 198 organizaciones sociales, de derechos humanos, comités de víctimas y de la sociedad civil, quienes actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la retirada del organismo y la intención del Estado de promover una ley, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y  Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que busca limitar el espacio público y criminalizar a las organizaciones civiles, según denunciaron más de 253 organizaciones.

“La expulsión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos tiene consecuencias devastadoras. Las víctimas pierden su única instancia imparcial e independiente en el país, donde podían denunciar violaciones de derechos humanos sin temor a represalias. Además, la oficina lograba liberaciones y ceses de violaciones, marcaba estándares internacionales y brindaba comprensión del contexto local. Ahora, sin su presencia, se dificulta la defensa de los derechos humanos, la coordinación con otras entidades y la acción rápida en favor de las víctimas. Es un golpe a la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos”, señaló la ONG Acceso a la Justicia.

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Por una Venezuela garante de los derechos humanos

La OACNUDH se encontraba trabajando en el país desde 2019 y su expulsión refleja la concreción del Estado venezolano en desconocer el sistema universal de derechos humanos. De hecho, el Estado ya había abandonado el sistema interamericano de derechos humanos en 2013.

El desconocimiento en ambos casos ocurre por diferencias entre autoridades del Estado venezolano con las recomendaciones o comentarios que emiten estos organismos en materia de derechos humanos. Refleja, además, la tendencia del gobierno venezolano de cerrar cualquier espacio cívico y pacífico para la disidencia y limitar las actividades que reflejen la crisis, la emergencia humanitaria compleja o denuncias por violaciones a derechos humanos.

El OVV LGBTIQ+ exhorta al Estado a promover el retorno de los organismos en materia de derechos humanos y la OACNUDH, así como también actuar en favor de atender y hacer valer las exigencias históricas de la población LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables. Una sociedad que garantiza los derechos humanos a todas las personas, sin discriminación, es una sociedad democrática. Venezuela no lo es.


El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y servicios de atención psicolegal para atender cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).

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