El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevó a cabo un periodo de sesiones, en agosto de este año, en el que elaboró varias recomendaciones al Estado venezolano para tomar acciones y garantizar algunos derechos, entre ellos, en materia racial.
Entre las recomendaciones del CERD está diseñar mecanismos eficaces de recolección de datos, que permitan generar estadísticas e indicadores socioeconómicos desglosados por etnia, género, edad, regiones, zonas urbanas y rurales.
El comité invita al Estado venezolano a desarrollar programas adecuados a favor de los sectores de la población sujetos a discriminación racial.
“La falta de información sobre el número de denuncias sobre discriminación racial podría indicar que los casos siguen sin denunciarse debido, en parte, a que las víctimas tienen poca confianza en las autoridades competentes”, reza una parte del informe.
El CERD sostiene que es clave incluir una perspectiva intercultural adecuada dentro de los sistemas judicial y penitenciario, pues la poca disponibilidad de intérpretes, defensores y operadores de justicia con conocimiento de las culturas y lenguas indígenas y la falta de medidas diferenciadas para las personas indígenas y afrodescendientes privadas de libertad impide cumplir con la garantía de estos derechos.
“El comité insta al Estado a que continúe sus esfuerzos para llevar a cabo el XV° Censo de Población y Vivienda a fin de recopilar información fiable, actualizada y completa sobre la composición demográfica de la población venezolana”, exige el CERD.
La institución advierte que los pueblos Indígenas, así como la población afrodescendiente continúan siendo víctimas de discriminación estructural, lo que se refleja en los índices de pobreza y exclusión social que enfrentan.
“El Estado debe combatir las formas múltiples e interseccionales de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes, incluso mediante la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias contra la discriminación racial”, apunta el informe.
El comité también pide investigar de manera exhaustiva todas las denuncias de abusos y violencia cometidos por las fuerzas militares o por grupos armados no estatales en contra de pueblos indígenas, en particular contra mujeres indígenas.
También abogan para que las mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva culturalmente adecuados y a adoptar las medidas necesarias para distinguir entre la prohibición y la criminalización del aborto con miras a iniciar un proceso de reforma constitucional para derogar la criminalización del aborto.
Venezuela tiene uno de los códigos más restrictivos en materia de penalización del aborto en América Latina, la nación lo prohíbe incluso en casos de violación.
El derecho a la identidad
Recomiendan redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a la inscripción de nacimientos, incluyendo a los procedimientos de inscripción tardía y facilitar el otorgamiento de los documentos de identidad de personas indígenas, de los venezolanos que regresan del extranjero, así como de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo.
El CERD exhorta a diseñar una recolección sistemática de datos con el objeto de generar estadísticas e indicadores socioeconómicos desglosados por etnia, género, edad, regiones, zonas urbanas y rurales, inclusive las más remotas que le permitan desarrollar políticas públicas y programas adecuados a favor de los sectores de la población sujetos a discriminación racial. El último censo fue realizado en 2011.
Ley Contra el Odio
“Preocupa seriamente al comité las informaciones que dan cuenta de la utilización de Ley Contra el Odio como instrumento para limitar la libertad de expresión y el número de casos de procesos penales iniciados que se encuentran relacionados con declaraciones en contra de las autoridades y en defensa de los derechos humanos”, advierte la institución.
En ese sentido, exhortan a tomar medidas para que personas defensoras de derechos humanos, en particular los líderes de la sociedad civil, no sean objeto de restricciones arbitrarias para poder asistir y participar en las reuniones y trabajos que realizan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
El comité pidió al Estado enviar información detallada sobre las investigaciones llevadas a cabo ante las alegaciones de la detención arbitraria de un defensor de derechos humanos durante varias horas el 3 de agosto de 2024, cuando pasaba el control migratorio en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía para viajar a Ginebra y participar en reuniones del CERD en el 113° período de sesiones.
“Preocupa seriamente que el pasaporte del defensor y el de otros trabajadores por los derechos humanos hayan sido cancelados. El Comité lamenta no haber recibido información sobre estas alegaciones durante el diálogo”, reza el documento.
Territorios indígenas
Si bien el comité toma nota de los mecanismos establecidos por el Estado para la demarcación de tierras y territorios indígenas, le “preocupa la lentitud de los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas y que estos estarían paralizados desde el año 2016, en parte debido a la falta funcionamiento de las comisiones de demarcación regionales y nacional”.
Por ejemplo, la institución indica que a pesar de haber cumplido con los requisitos legales, el proceso de titulación de la tierra del pueblo Ye’kwana y Sanema de la cuenca del Cauca iniciado en el 2002 aún no ha sido resuelto.
Asimismo, pide poner atención en proyectos extractivos y actividades que afectan las tierras, territorios y recursos de estas poblaciones, sin respetar su derecho a la consulta previa y sin llevar a cabo estudios de impacto social y ambiental.
Solicitantes de asilo
El CERD pide garantizar a personas migrantes y solicitantes de asilo el derecho a solicitar protección internacional y que estas tengan acceso a asistencia legal a fin de que puedan acceder al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Asimismo, el comité recomienda a Venezuela asegurar que la detención administrativa de las personas migrantes y solicitantes de asilo sea una medida de último recurso, respetando los principios de necesidad y proporcionalidad, así como la garantía del debido proceso.
