- De acuerdo con las leyes venezolanas, las uniones estables de hecho, similares al matrimonio, solo pueden ocurrir entre hombres y mujeres. El OVV LGBTIQ+ verificó una información que se dio a conocer en redes sociales sobre la unión de dos mujeres lesbianas en Caracas con el aval de un consejo comunal
Es falso. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) verificó la afirmación que se dio a conocer en una nota de prensa con abogados y, con base a las opiniones de los expertos, se concluyó que los consejos comunales no pueden certificar las uniones entre parejas del mismo sexo. Además, se verificó que esas certificaciones tampoco se asemejan al matrimonio civil igualitario, exigencia histórica de la población LGBTIQ+ en el país.
La nota de prensa difundida por distintos portales web en el país dio a conocer que, por primera vez, se le otorgó una constancia de residencia conjunta a una pareja de mujeres lesbianas en la parroquia La Vega (Distrito Capital), asimilando el documento a una unión estable de hecho, unión similar al matrimonio. El titular da a entender que el Estado reconoce a las parejas del mismo sexo mediante dichas agrupaciones sociales.
“Una constancia de residencia conjunta no puede ser catalogada como una unión estable de hecho porque no cumple con los parámetros que están asemejados de manera directa al matrimonio”, subraya Andreína Colmenares, abogada del OVV LGBTIQ+.
La legislación actual no contempla la unión estable de hecho entre personas del mismo sexo y, según los abogados, eso será así hasta que se modifique el sistema legal venezolano. Actualmente, por las propias limitaciones y omisiones legislativas, algunas de carácter político, es que no se permite la unión estable de hecho o el matrimonio civil igualitario.
“Es un intento de manipular la información disponible. Una constancia de residencia conjunta ni siquiera está regulada por el CNE, ni tiene establecido en su reglamentación hacerlas. Si se hace una interpretación sobre lo que significa una constancia de residencia conjunta, asimilando a una constancia de residencia, lo único que establece es que hay dos personas que residen en un mismo lugar, pero no habla de que existe una relación entre ellos de ningún nivel”, explica el abogado Alfredo Félix sobre el caso.
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Los consejos comunales, sin competencia para certificar uniones entre personas del mismos sexo
Los consejos comunales no tienen competencia para certificar uniones entre personas del mismo sexo. Al buscar qué documentos son necesarios cuando existe una unión estable de hecho, que se debe registrar ante el Registro Civil, se incluye es la carta de concubinato y esa solo se otorga, por ley, a parejas heterosexuales, lo que deja ver que la certificación que emitió el consejo comunal solo afirma que dos personas LGBTIQ+ viven juntas, según explica Félix.
El concubinato, si aplicara para personas del mismo sexo, tendría efectos legales al matrimonio, pero esa institución no es la que se está reconociendo en este caso, dice Félix. Cataloga como irresponsable que se difunda dicha información e indica que es incongruente con el reconocimiento a los derechos de las personas de las personas LGBTIQ+, pues trata de limpiar la imagen del Estado venezolano, que no ha aprobado aún leyes que beneficien a esta población.
“No se reconoce la unión. No tiene sentido porque si se reconociera el concubinato o unión estable de hecho el documento sería registrado como tal y no como una declaración jurada. Una declaración jurada establece que el documento que se está firmando tiene el reconocimiento de las dos partes”, destaca Alfredo Félix.
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¿Cuáles son las competencias del consejo comunal?
De acuerdo con la abogada Andreina Colmenares, los consejos comunales tienen una ley especial que regula sus funciones y sus atribuciones, principalmente apegadas al Poder Ciudadano del Estado. A pesar de ser un ente cercano a la ciudadanía y que puede dar constancias de residencia, estas no tienen mayor alcance legal.
“Las constancias de residencia que emiten los consejos comunales tienen la misma validez que puede dar una junta de condominio. Vas y lo presentas con otros documentos ante el CNE y ellos emiten un documento que puedes presentar en otras instancias. El documento solo da fe de que vives en un lugar”, dice Félix sobre las limitaciones de los consejos comunales para emitir dichos documentos.
La abogada explica que la constancia de residencia conjunta puede servir para ciertos trámites administrativos, como un crédito bancario, o ciertos ámbitos legales. No obstante, con ella no se puede dar derechos sucesorios, a particiones, derecho a presentar una acción ante un tribunal.
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Sin opciones para reconocer a las parejas del mismo sexo
Son pocas las opciones para el reconocimiento de las parejas LGBTIQ+. Colmenares añade que estas pueden intentar de manera individual cualquier tipo de trámite jurídico para resguardar parte de sus bienes conjuntos. En el caso de los inmuebles o las acciones en una compañía, se pueden dividir en 50/50.
“Si una persona tiene una empresa y está viviendo con una persona de su mismo sexo y esta fallece, aunque tengan más de 20 años viviendo juntos, como en Venezuela no está resguardado ni protegida la unión estable de hecho para personas LGBTIQ+, esta otra persona no tendrá derechos sucesorales, no podrá heredar el 50 % que le corresponden”, lamenta Colmenares.
Pese a que en la nota de prensa que hace alusión a la unión de dos mujeres lesbianas en Caracas indica que la acción puede replicarse en el resto del país, la abogada comenta que dependerá del accionar de cada consejo comunal, pues se trata de una medida que no está institucionalizada y que puede enfrentar barreras culturales, religiosas o políticas en cada región del país.
“Se reconoce porque es una primera luz para hablar de la importancia del tema, pero no lo podemos confundir con que esto está aprobando las uniones igualitarias o se están estableciendo matrimonios o concubinatos igualitarios porque no está planteado así en el marco jurídico venezolano”, destaca la abogada del OVV LGBTIQ+.
Desde el OVV LGBTIQ+ se exhorta a los medios de comunicación y periodistas a abordar adecuadamente el tema en el ámbito periodístico. También apuesta por iniciativas que reconozcan los derechos de la población LGBTIQ+. Y exhorta a las instituciones del Estado y sus representantes a realizar las acciones respectivas para garantizar una vida digna y libre de discriminación. “Hace falta voluntad política”, concluye Colmenares.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia ante cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
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