- La situación que denunció el Alto Comisionado el 19 de marzo también ha sido alertada por ONG que denuncian la falta de avances en materia de derechos LGBTIQ+. Durante la intervención se denunció también 18 casos de desapariciones forzadas en Venezuela en los últimos meses
Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció el 19 de marzo la ausencia de avances en materia de derechos LGBTIQ+ durante la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en el marco del 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en Ginebra (Suiza) entre el 26 de febrero y el 5 de abril.
“No se ha avanzado en la modificación de la legislación que penaliza el aborto; sobre el reconocimiento de las personas trans bajo la identidad de género de su elección; y de los matrimonios entre personas del mismo sexo”, señaló Al-Nashif sobre la situación de derechos LGBTIQ+ en el país.
Luego de la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) la situación de las personas de esta población podrían quedar en riesgo pues incrementa las vulnerabilidades de los sobrevivientes a hechos de violencia, violaciones de derechos humanos e impone más barreras para el reconocimiento pleno de los derechos de la población LGBTIQ+.
La expulsión fue anunciada el 15 de febrero por el gobierno venezolano en rechazo a la preocupación de la oficina por la detención de la activista Rocío San Miguel. El Estado le dio 72 horas para abandonar el país al comisionado, situación que lamentó el organismo. La OACNUDH trabajaba en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, brindaba asistencia técnica al Estado y colaboraba en casos de violaciones de derechos humanos.
Datos OVV LGBTIQ+: 60 mujeres LBTIQ+ sufrieron discriminación y violencia entre 2022 y junio de 2023
La preocupación sobre ausencia de derechos LGBTIQ+ es compartida por las ONG
Cualquier acción del Estado que atente contra los derechos humanos afecta de manera diferenciada a la población LGBTIQ+ y a otros grupos vulnerables en el país. La preocupación expuesta por el Alto Comisionado deja ver las denuncias que han realizado organizaciones sobre la inacción del Estado en garantizar derechos LGBTIQ+.
Pese a que se creó la Fiscalía 98, que atiende casos de discriminación y violencia hacia la población LGBTIQ+ y se despenalizó la homosexualidad en las fuerzas armadas, el Estado venezolano no ha generado ninguna ley de manera diferenciada para la población LGBTIQ+, como ley de identidad trans o de matrimonio civil igualitario, a diferencia de países como Colombia y Argentina.
En su lugar, el Estado y sus autoridades mantienen una estrecha relación con grupos antiderechos que están en contra de cualquier avance en la materia y en otras como la educación sexual integral, lo que promueve que ocurran casos de discriminación o violencia hacia este grupo vulnerable.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) ha denunciado la situación en sus distintos informes. En el último informe semestral de enero a junio de 2023 se documentaron 154 casos de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+. Allí se ha denunciado la inacción del Estado en la materia.
Otras denuncias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Además de la situación sobre derechos LGBTIQ+, durante la intervención de Nada Al-Nashif se lamentó la decisión del Estado de expulsar a la OACNUDH de Venezuela y señaló que estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y la oficina. La oficina se encontraba en el país desde 2019.
“Desde el establecimiento de la presencia del ACNUDH en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer”, expresó Al-Nashif, señalando algunos aportes de la oficina a las actividades del Estado.
La adjunta señaló su preocupación por los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en el acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en manifestaciones. Denunció las restricciones para la participación de algunos factores en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Instó a que el Estado se abstenga de aprobar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que restringiría el espacio cívico. Pidió la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y denunció 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención.
Otros temas a los que se refirió la adjunta incluyen la situación de las personas recluidas, de las personas trabajadoras e indígenas. El gobierno venezolano rechazó las declaraciones del Alto Comisionado al catalogarlas como “parcializadas”. Se prevé que el informe final sobre derechos humanos en Venezuela sea presentado a finales de 2024.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y servicios de atención psicolegal ante cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
La expulsión de la OACNUDH de Venezuela impone más barreras para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+
