- Los derechos sexuales y reproductivos permiten a las personas escoger y tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su futuro. Aunque en 2014 y 2022 se promovieron iniciativas para atender la materia, en Venezuela el tema es visto desde el estigma, los prejuicios y el conservadurismo, opinan expertos, por lo que aún no hay voluntad política para legislar en el área
Los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela se enfrentan a una situación crítica que puede ser corroborada al acudir a un hospital o a un colegio, donde puede no existir un manejo adecuado del tema en distintos niveles. Además, el Estado tampoco promueve iniciativas efectivas en la materia. Las mujeres LBTIQ+ no escapan a esta realidad, siendo uno de los grupos más vulnerados.
De acuerdo con las Naciones Unidas, los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho a la vida, a no ser torturado, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de la discriminación, por lo que se dice que también son parte de los derechos humanos. Estos incluyen el acceso a información adecuada en la materia, a métodos anticonceptivos, a la planificación familiar, a la visión de la sexualidad más allá del ámbito reproductivo, así como la posibilidad de las personas de escoger y tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
“El estatus en materia de salud sexual y reproductiva es precario. En Venezuela no contamos con una educación adecuada en la materia en los distintos niveles de educación. En el área informal, en las redes sociales, abunda mucha desinformación y no hay filtros para cómo comprender lo que se dice”, subrayó Kika Martorell, psicóloga experta en abordaje de la violencia y abuso sexual, magister en Estudios de la Mujer y parte de las iniciativas Comadres Púrpuras y Madre si yo decido.
Roxana Vivas, líder de la iniciativa Aya Contigo, indica que la precariedad se ve reflejada en materia de prevención, educación, leyes y otros ámbitos. Para ella, en Venezuela las personas no cuentan con las garantías sobre su salud sexual y reproductiva, partiendo por la falta de educación sexual integral en los programas de estudio de los colegios, la falta de atención médica adecuada y servicios de salud de baja calidad, las restricciones legales, como la criminalización del aborto, hasta la falta de protección y acción del Estado.
Para Martorell, a la situación de precariedad en materia de derechos sexuales y reproductivos se ven reflejados en los tabúes, prejuicios y desinformación en cuanto a la sexualidad que existe en el hogar, lo que impide orientar adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes sobre el tema y les puede dejar desprotegidos ante situaciones de abuso.
“Al no tener información, no se puede prevenir ni atender adecuadamente todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Al no haber educación sexual integral, esto puede incrementar los embarazos no deseados, una sexualidad basada en la desinformación y tabúes, incluso la violencia porque hay pocas probabilidades de que se identifique la violencia de pareja, por lo que no se podría detener y se puede caer en una espiral de violencia más profunda, hasta llegar al femicidio”, añade Martorell.
Datos OVV LGBTIQ+: 60 mujeres LBTIQ+ sufrieron discriminación y violencia entre 2022 y junio de 2023
Los derechos sexuales y reproductivos y las mujeres LBTIQ+
La falta de garantías en materia de derechos sexuales y reproductivos afecta a las personas LGBTIQ+ en general, pero en especial a las mujeres LBTIQ+ porque se les niega la educación en la materia, se les discrimina, limita o impide el acceso a servicios de salud en condiciones de igualdad. Para Vivas, la falta de investigación sobre salud sexual y reproductiva diferenciada sobre personas LGBTIQ+ invisibiliza sus vidas. Por ejemplo, conocer los efectos de las hormonas que ingieren las mujeres trans y las pastillas para la interrupción voluntaria del embarazo en hombres trans.
“Las personas LGBTIQ+ se enfrentan a la discriminación en el ámbito de la salud solo por tener una identidad de género distinta al sexo biológico y tener una orientación sexual no hegemónica. Se enfrentan a discriminación, prejuicios y desconocimiento. No hay suficientes médicas y médicos sensibilizados y formados en la atención de esta población, porque no hay un pensum que eduque con perspectiva de género, de derechos humanos y personas LGBTIQ+. La situación empeora cuando una persona LGBTIQ+ acude a un centro de salud para ser examinado por ser víctima de violencia y es violentado o revictimizado, impactando su salud mental por una sociedad que no es sensible y un Estado que no desarrolla políticas públicas”, señaló Kika Martorell.
Ante esta situación el Estado no ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, subraya Roxana Vivas, siendo las mujeres uno de los grupos vulnerables más afectados. Y es que las recomendaciones realizadas en 2023 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) reflejan la inacción del Estado. Entre las recomendaciones del CEDAW se incluyó la atención diferenciada para reconocer, garantizar y proteger los derechos de las mujeres LBTIQ+.
“En Venezuela no hay institucionalidad, por ende, no hay ejercicio y desarrollo de las políticas públicas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de la población. Tenemos un Estado ausente y desprotector de estas necesidades de la población. Desde el gobierno se está dando una apertura alarmante a puestos de poder para ser ocupados por grupos religiosos evangélicos, personas fundamentalistas, que inciden en la gravedad del asunto. El Estado no cumple y viola el derecho al Estado laico, lo que hace que ideas fundamentalistas se empiecen a desarrollar con mayor ahínco con todas las esferas sociales, lo que reproduce una atención inadecuada y basada en prejuicios”, destacó la Martorell.
Datos que reflejan la crisis
La falta de atención en el tema por parte del Estado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos se ve reflejado en la falta de datos y cifras en temas clave como la mortalidad materna-infantil o sobre la accesibilidad de métodos anticonceptivos. En 2022, la Red de Mujeres Constructoras de la Paz señaló en un estudio realizado en 12 estados que solo 26,6 % de las mujeres usa anticonceptivos y 71 % no lo hace por escasez, bajos ingresos o falta de educación sexual.
Ese estudio indica que el 40 % de las jóvenes de 18 a 24 años de edad no puede cuidarse y planificar su reproducción. Esas deficiencias se gestan desde antes debido a la falta de formación y educación en el tema. De hecho, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2022 Venezuela duplicó el promedio de tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica con una tasa de 96 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la mortalidad materna para el 2020 se ubicó en una tasa de 259.2 por cada 100.000 nacidos vivos. De acuerdo con reporte de medios, las ITS también están entre las problemáticas más comunes relacionadas a la salud sexual y reproductiva, siendo el herpes genital, sífilis, candidiasis, VPH y VIH, algunas de las más comunes.
Para Vivas, el activismo feminista en el mundo ha pujado a que se hagan implementen iniciativas basadas en los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en Venezuela, son más las barreras que los hechos sobre el tema. Por ejemplo, Kika Martorell indica que gran parte de los métodos anticonceptivos suele ser bastante costoso, lo que impide que la posibilidad de elegir cuántos hijos tener y en qué momento, también impide prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS). Destaca que tampoco hay algunos métodos y no hay orientación sobre cómo usarlos, por lo que su efectividad se puede perder.
“La negación del acceso a servicios de salud sexual o servicios de muy baja calidad, penalización del aborto, el sometimiento de la autorización de terceros para un proceso realizado sobre los cuerpos de las mujeres, la discriminación por razón de género, identidad de género o etnia, la falta de educación, información y conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos y cómo ejercerlos plenamente”, sumó Roxana Vivas sobre las barreras que existen para el reconocimiento pleno de estos derechos.
El médico internista e infectólogo Freddy Salazar indicó que la deformación sobre el tema genera mitos basados en prejuicios. Uno de ellos es la relación del VIH con la homosexualidad. El doctor indica que, si bien algunas estadísticas señalaban que en algún momento este grupo fue la población predominante, ya no es así y la ITS no es exclusiva de esta población. Añade que hay muchos estigmas relacionados a otras infecciones de transmisión sexual (ITS) que impiden que sean atendidos adecuadamente.
“La salud sexual y reproductiva es parte de la salud en general que permite y busca el bienestar a nivel sexual desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Puedes tener problemas en la salud sexual, por tener una variación biológica, como la eyaculación precoz, puedes tener problemas por fallas en la comunicación con tu pareja, por alguna alteración psicológica, como depresión o ansiedad. En lo social, pasa mucho, y se ve en el activismo, sobre cómo uno debe vivir su propia sexualidad. Eso evita que una persona pueda expandir sus horizontes que la persona realmente disfrutaría. Como forma parte de la salud general, mantener la salud sexual y reproductiva es parte importante de lo que significa tener una buena salud, no es un capricho, no es algo que solo se hace por placer, va más allá de eso”, añade Salazar.
Las infancias LGBTIQ+ existen: ¿Cómo prevenir la violencia hacia ellos?
Sin voluntad política y educación no habrá garantía en derechos sexuales y reproductivos
Entre las recomendaciones para eliminar estigmas, prejuicios relacionados a la salud sexual y reproductiva para garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos los expertos coinciden en que se eduque y se informe más sobre el tema. No obstante, Vivas señala que no se debe dejar de exigir al Estado que cumpla con su labor en la materia.
“No hay voluntad política para atender esto. Hay corrupción y los intereses están puestos en otro lugar y no en la protección de la población. En Venezuela la población está desprotegida en dos ámbitos importantísimos de la vida humana. Estamos en una situación de precariedad y peligro. Al no haber educación sin prejuicios en este ámbito, por supuesto que se reproducen los prejuicios, las falsas creencias y los tabúes, por lo que no habrá una atención, educación y prevención adecuada. Si el Estado está más ausente y da apertura a ideas fundamentalistas, esto empeora la situación”, lamenta Kika Martorell.
Esa falta de interés político en atender el área se ve reflejada en la inacción de la Asamblea Nacional (AN), por ejemplo, para legislar en el área. En 2014 se promovió la propuesta de Ley Orgánica sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, que no prosperó. En 2022 un grupo de organizaciones, como CEDESEX y Ruta Verde, también impulsó una propuesta similar, pujando a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero tampoco tuvo éxito.
El doctor Freddy Salazar invita a dejar de ver el sexo y la sexualidad con un fin meramente reproductivo y a educar sobre sexualidad en distintos niveles y adaptados a la edad para prevenir el abuso y la violencia. También exhorta a promover las herramientas para que los jóvenes puedan iniciar una vida sexual basada en el placer, sin coerción y basada en el consentimiento.
Martorell señala que existen profesionales formados en el área que pueden apoyar los procesos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Para ella, que se mantenga el tema en conversación es una de las maneras para continuar pujando por cambios en el Estado y la sociedad. Opina que en la medida que más se aprenda más desde la realidad lo que pasa en esa área, habrá una relación distinta con el cuerpo.
