- Además de la solicitud de sobreseimiento, las organizaciones de la sociedad civil exigen una respuesta efectiva para las personas afectadas por la detención en Valencia a partir del hecho del 23 de julio. Se aboga a que se inicie una investigación contra los funcionarios y personas que actuaron inadecuadamente en el caso
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) exige al Estado el sobreseimiento de la investigación penal que continúa hacia 3 personas a partir del caso de la detención de 33 hombres gais y bisexuales en un recinto en Valencia (Carabobo) el domingo 23 de julio.
A un mes del hecho, el OVV LGBTIQ+ continúa alertando sobre la escalada de la criminalización de la homosexualidad en el país a partir del caso de los 33 en Carabobo. El observatorio exige al Estado una respuesta efectiva para las 3 personas afectadas por el hecho de violencia homófoba.
Se aboga a que se inicie una investigación contra los funcionarios y personas que actuaron inadecuadamente en el caso. Al igual que varias organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se espera que se brinde reparación y no repetición a todos los sobrevivientes del hecho y a sus familiares.
El martes 15 de agosto se le notificó el sobreseimiento a 30 de los 33 afectados por la detención en Carabobo, quienes quedaron exonerados de cualquier cargo. La noticia no llegó a 3 de los afectados, los trabajadores y el dueño del recinto, quienes continúan siendo investigados por contaminación sónica, ultraje al pudor, agavillamiento y el estado sanitario del recinto donde ocurrió la detención.
El OVV LGBTIQ+ pudo documentar varias irregularidades en el hecho y exponen la inocencia de todos los implicados en los cargos de los que se les acusa, como que el allanamiento no se hizo con una orden judicial, se irrespetaron los lapsos, se sometió al escarnio público y las autoridades que no actuaron adecuadamente.
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Organizaciones pujaron al sobreseimiento del caso de los 33 en Carabobo
Antes de la notificación de sobreseimiento, una parte de los afectados ya se encontraban liberados. 30 de los afectados salieron en libertad con medidas cautelares el 26 de julio y el 2 de agosto fueron liberados los otros tres. Distintos sectores de la sociedad y defensores de los derechos humanos exigieron a la Fiscalía que se le hiciera sobreseimiento al caso ya que no habían pruebas o sospechas de que se cometió un delito.
Las 33 personas fueron detenidas el 23 de julio en un recinto privado de Valencia por presuntamente estar realizando una fiesta sexual, pese a que sus testimonios dan fe de que no fue así. El 24 de julio se difundieron sus identidades junto con fotos y sus documentos de identidad, sometiendolos al escarnio público y la humillación.
Se tenía previsto que el 25 de julio se realizara la audiencia de presentación, pero se difirió. El 26 de julio empieza el proceso en el Palacio de Justicia de Carabobo y se les imputó ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica, aunque a que no habían pruebas suficientes. Luego se les dieron medidas cautelares y pudieron salir en libertad 30 personas.
El 2 de agosto se les dio libertad al resto. No fue hasta el 31 de julio que el fiscal Saab se pronunció sobre el caso y anunció la posibilidad de sobreseimiento del caso. Durante todo el proceso el OVV LGBTIQ+ junto a más de 130 organizaciones se exigió justicia para los 33 afectados, sobreseimiento del caso y se alertó sobre una posible escalada de la criminalización de la homosexualidad en el país.
Discriminaciones y violencias contra las personas LGBTIQ+: balance enero – abril de 2023
Antecedentes que alertan sobre la homofobia de Estado
Lo que ocurrió en Carabobo no es un hecho aislado y resalta la ya existente homofobia de Estado. El OVV LGBTIQ+ alertó sobre 60 casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+ entre enero y abril de 2023. En 2022 se documentaron otros 97 casos. Además, entre enero de 2021 y diciembre de 2022 el movimiento venezolano SOMOS documentó 11 detenciones arbitrarias a personas LGBTIQ+.
Esas detenciones fueron realizadas por distintos cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado por prejuicios basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, así como las características sexuales de las personas. En cuatro de los casos, hubo actos de extorsión, métodos de tortura, violencia física, verbal y psicológica.
Durante ese periodo SOMOS también se han documentado, por lo menos, cuatro redadas policiales en espacios de ocio y esparcimiento LGBTIQ+, 2 en Caracas, 1 en Maracaibo y 1 en Mérida. Otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, gremios y activistas se han sumado a denunciar la situación.
La detención y criminalización de las personas LGBTIQ+ es algo que se ha mantenido arraigado en el país desde hace varias décadas. La detención de las personas LGBTIQ+ recuerda a cuando se criminalizaba a las personas LGBTIQ+ en la década de los sesenta, setenta y ochenta. Es algo que no debe ocurrir ya que ser LGBTIQ+ no es un delito.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia ante cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+ en el país, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
Descarga aquí la Guía de Acción y Denuncias por Violencia LGBTIQ+ del OVV LGBTIQ+
